Mineros
Anteayer fue el Día del Minero. No hubo festejos en las secciones del sindicato correspondiente, como solía ocurrir. No hay motivo de alegría en la actual situación de ese gremio, y de la industria a la que sirven, donde trabajan directamente 266 mil personas. Una intromisión abierta e ilegal de la autoridad del trabajo generó hace casi cinco meses una crisis que ha ocasionado muerte y pérdidas materiales de enorme cuantía.
Revisemos la situación del conflicto. Comenzamos por el itinerario formal posterior a la indebida intervención de la autoridad laboral, que de buenas a primeras el 17 de febrero desconoció al comité encabezado por Napoleón Gómez Urrutia y tomó nota del nombramiento, al margen de la legalidad interna, de Elías Morales. Dos convenciones, órgano máximo del sindicato de mineros, confirmaron a aquel en su cargo, junto con el resto de la dirección. La segunda, efectuada en mayo en el domicilio del comité nacional, pidió el 19 de ese mes el reconocimiento de tal decisión, es decir la toma de nota, el registro del comité encabezado por Gómez Urrutia.
Con parsimonia notable, casi un mes después, el 15 de junio la Secretaría del Trabajo formuló ocho observaciones, entre triviales y tramposas, a la voluminosa documentación presentada por la convención. Se trataba simplemente, por un lado, de diferir la negativa, para que no influyera en los aprestos del sindicato, y de un gran número de agrupaciones laborales que le expresan solidaridad activa, para realizar un paro nacional el 28 de ese mes (que finalmente fue aplazado). Se trataba, asimismo, de prorrogar la ficticia presencia de Morales dizque al frente del gremio, pues su nombramiento está condicionado a que un órgano competente elija un comité con todas las de la ley. La convención de mayo que ratificó a Gómez Urrutia significa el cumplimiento de esa condición. El 23 de junio esas observaciones fueron respondidas, y ésta es la hora en que la Secretaría no se ha manifestado sobre la respuesta. Es probable que, contra todo derecho, persista en su empeño de sacar del sindicato a Gómez Urrutia y mantener a Morales.
Éste es grato a un cierto número de empresas, especialmente al Grupo México. Fue significativo que el acto celebratorio del grupo de Morales, el martes, se efectuara en Charcas, SLP, sede de una empresa propiedad de ese grupo. Asimismo, ese grupo pugna por aparecer como garante de la continuación de las operaciones de uno de los mayores establecimientos de aquel grupo empresarial, La Caridad, un gran productor de cobre en Nacozari. Desde el 24 de marzo esa mina está paralizada por una suspensión de labores declarada por los trabajadores en defensa de su autonomía sindical, es decir contra la intromisión de la Secretaría del Trabajo. De no ser porque la tragedia de Sicartsa (el fallido asalto policiaco a las instalaciones del Grupo Villacero en Lázaro Cárdenas, Michoacán, el 20 de abril pasado, que provocó la muerte de dos trabajadores, baleados por agentes estatales) la hizo imposible, el gobernador Eduardo Bours hubiera accedido a la toma violenta de La Caridad (y de La Calera, una empresa subsidiria que explota el producto que indica su nombre, también paralizada), como accedió a la detención de dirigentes sindicales acusados por el Grupo México. Clausurada esa vía expedita, el Grupo decidió cerrar la mina de Nacozari, y litiga en la Junta de Conciliación y Arbitraje la cancelación del contrato colectivo de trabajo. En ese trámite se ha apersonado Morales para impedir el cierre de las operaciones.
La industria minera en general (que además de la siderúrgica padece graves quebrantos por esos paros, no iniciados caprichosamente, sino realizados en respuesta a la agresión de la autoridad laboral) parece añorar viejos tiempos de armonía con el sindicato. La Cámara Minera de México tiene una estadística puntual: de 2001 a 2006 se han realizado 186 huelgas y paros, que han significado inactividad durante mil 677 días. Ahora mismo, las diversas suspensiones de labores (incluida la de Cananea, que comenzó el día en que se recordó el centenario de ls huelga en esa población minera sonorense, el primero de junio) suponen “una pérdida de mil millones de dólares para la industria minera, 640 millones de pesos por utilidad para los ocho mil trabajadores y un aumento de hasta 50 por ciento (en los precios de) los derivados del acero y del cobre”. Con algún grado de acierto, la Cámara atribuye esas lamentables condiciones a “la indecisión del Gobierno Federal para resolver el conflicto minero”.
La actual situación ha sido generada, en realidad, por la decisión de despedir del gremio a Gómez Urrutia, que ha dirigido el sindicato durante el lustro marcado por el activismo sindical que la industria lamenta. La persecución al dirigente minero surge precisamente de la insatisfacción de las empresas ante ese trato laboral, que el Gobierno estuvo dispuesto a colmar, aunque esté haciéndolo del peor modo posible, suscitando problemas como los que pretendidamente se resolverían con la defenestración de Gómez Urrutia.
Éste se ha refugiado en Canadá, protegido por organizaciones sindicales con las que guarda estrecha relación. Hasta ahora han sido infructuosos los tenaces esfuerzos de la Procuraduría General de la República por encarcelarlo, en una operación de tenazas en que la Secretaría del Trabajo lo mantendría fuera del sindicato.
Mientras tanto, sólo ha sido rescatado uno de los 65 cuerpos sepultados en Pasta de Conchos.