Muy poca gente entiende qué es un conflicto de interés. No es un delito que deba sancionarse con cárcel o destitución, sino una situación laboral, personal, profesional, familiar o de negocios que puede afectar el desempeño imparcial de un servidor público. Un conflicto de interés no se castiga, se transparenta.
Esto no lo entendió la secretaria de la función pública, Irma Eréndira Sandoval, cuando pidió la renuncia del presidente de la Comisión Reguladora de Energía, Guillermo García Alcocer, porque un cuñado y un primo de su esposa trabajan en empresas del sector energético. Los conflictos de interés son inevitables, sobre todo si se establece que un pariente en cuarto grado puede generarlo. Pero si es verdad que García Alcocer se abstuvo de participar en las decisiones sobre empresas reguladas en las que participaba algún pariente, el funcionario ha cumplido con la ley.
El abogado del Sindicato de Trabajadores de la UAM, en huelga, es Arturo Alcalde, padre de la secretaria del trabajo, Luisa María Alcalde, cuya dependencia está mediando en la negociación. Esto también es un conflicto de interés. Pero no hay por qué pedir la renuncia de la secretaria de trabajo. Lo que debe hacer es transparentar el conflicto de interés y abstenerse de tomar decisiones que puedan favorecer a los representados de su padre. Hacerlo ya no sería un conflicto de interés, sino tráfico de influencias, y esto sí es un delito.
Tampoco Virgilio Andrade, cuando era secretario de la función pública, entendió el concepto al emitir un dictamen sobre la Casa Blanca adquirida por la esposa del entonces presidente Enrique Peña Nieto. "Las relaciones personales no están prohibidas -declaró Andrade--. El conflicto de interés no se materializa con la amistad."
El entonces funcionario sostuvo que no hubo conflicto de interés porque no se demostró una "materialización de beneficios". Pero por supuesto que sí lo hay cuando la esposa de un presidente adquiere una casa a crédito de un contratista gubernamental que no vende vivienda. Quizá no haya habido delito, si la transacción no influyó sobre los contratos de la empresa, lo cual habría que demostrar, pero el conflicto de interés es innegable y debió transparentarse desde un principio.
Cuando un ejecutivo de una empresa privada pasa al gobierno se genera un conflicto de interés y el nuevo funcionario debe abstenerse de tomar decisiones que puedan beneficiar a su anterior empresa. También lo hay cuando un funcionario pasa a una firma privada en un campo que reguló anteriormente. La solución, sin embargo, no es prohibir la puerta giratoria sino transparentarla y evitar decisiones que puedan constituir tráfico de influencias.
Hay leyes para reducir el conflicto de interés. En México se impide durante un año que un funcionario pase de un cargo público a uno privado en un campo que antes reguló. José Antonio Meade, ex secretario de hacienda, será miembro independiente (no ejecutivo) del consejo de administración de HSBC del Reino Unido (no de HSBC México). La ley lo permite. El conflicto de interés se resuelve con transparencia. La designación debe hacerse pública, y así se hizo.
Ni el presidente de la CRE puede evitar que un primo en cuarto grado o un cuñado trabajen en la industria energética, ni la secretaria de trabajo puede pedir a su padre que deje de ser abogado laboral, como lo ha sido toda su vida. El conflicto de interés no es un delito; el tráfico de influencias sí.
No somos iguales
López Obrador anunció ayer que ha ordenado el retiro del anuncio de Sectur que promovía a Morena. "No somos iguales" a los gobernantes del pasado, dijo el presidente. ¿Y no habrá sanción contra quien usó mal los fondos públicos?
Twitter: @SergioSarmiento