El 18 de marzo de 1938, tras firmar en acuerdo colectivo con su gabinete el decreto expropiatorio de las empresas petroleras trasnacionales, renuentes a acatar la legalidad mexicana, el presidente Cárdenas leyó el documento por la radio, en cadena nacional, para hacer partícipes a todos de su trascendental acto. Setenta años después, la batalla gubernamental por el petróleo se libra también en medios electrónicos, a cargo de locutores y comediantes que hablan de hallar a tres kilómetros bajo la superficie del mar un tesoro escondido.
Por su parte, el presidente de la República (que tiene en común con Cárdenas su origen michoacano y un apellido que comienza con la letra C) celebrará el fasto en Tabasco, en un lugar cuya ubicación precisa se mantiene en la discreción para evitar molestas irrupciones. Las empresas petroleras que explotaban el crudo mexicano rehusaron firmar nuevas condiciones de trabajo con el sindicato petrolero, que realizó una huelga en mayo y junio de 1937, y llevó su litigio ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que ordenó un análisis económico de la industria petrolera a fin de determinar si las empresas podían o no satisfacer la demanda obrera. Su conclusión técnica fue afirmativa. El monto de las nuevas condiciones llegaba a 26 millones de pesos, pero las empresas abultaron las cifras y argumentaron que en realidad importaba más de cuarenta millones, de los que sólo podían pagar poco más que la mitad, 22 millones de pesos. La justicia laboral falló el 18 de diciembre a favor del sindicato, las empresas petroleras acudieron al amparo, que les fue negado y resuelto en segunda instancia el primero de marzo por la Suprema Corte, que confirmó la inicial decisión de un juez. El 7 de ese mes sus representantes fueron recibidos por Cárdenas, que declaró su decisión de acatar y apoyar los fallos judiciales.
El 18 por la mañana las empresas mudaron su parecer, tal vez advertidas de lo que iba a ocurrir, pero era demasiado tarde. Sus bienes fueron expropiados ese día. Setenta años después, la industria petrolera nacional, resultado de aquel acto soberano, vive profundas contradicciones, para mal de la sociedad en cuyo beneficio se hizo realidad el dominio del subsuelo por la nación.
El precio internacional del crudo genera ingresos de volumen enorme –y excedentes respecto del precio que funda los cálculos presupuestarios igualmente cuantiosísimos—y sin embargo, PEMEX padece y proclama una precariedad financiera que conduce a la fácil conclusión del spot que, como signo de los tiempos, es parte de las celebraciones del 70o. aniversario de la expropiación: nos hace falta dinero para emprender la exploración y explotación del crudo en aguas profundas, y por ello es obligado aliarnos a los poseedores de la tecnología y la experiencia requeridas.
Por excesiva cautela política, o porque aun falta asumir una definición, el gobierno federal se ha abstenido de expresar sus propósitos en cuanto a una reforma energética en general y respecto de PEMEX en particular. Por ello, ha sido la oposición la que ha tenido que dibujar el blanco de sus objeciones: considera que es inaceptable, por contrario a la Constitución y por ser económicamente irracional, privatizar el petróleo, compartir con terceros la renta petrolera. Así planteada, es una bandera compartible por muchos, no sólo por motivos históricos sino a partir de una mínima información sobre la industria petrolera mundial: en países tan diferentes como Noruega o Venezuela, la gestión de esa industria tiene carácter estatal. Casi no hay país petrolero que no haya constituido o rehecho una entidad pública con ese propósito. Privatizar lo público es, en consecuencia, retroceder.
La complejidad de los temas energéticos y de la suerte misma de PEMEX no debería permitir la simplificación del debate correspondiente, pues la situación se compone de muchas filosas aristas. En rigor estricto, PEMEX se ha privatizado en amplísima medida, ya sea con franca violación a los mandamientos constitucionales o con interpretaciones capciosas a la legislación secundaria, reformada también cuando todavía contaba el PRI con mayoría para ese efecto. Un factor que necesariamente debe tenerse en cuenta en el debate sobre PEMEX es su sindicato y el contrato colectivo que administra, y que constituye un estorbo para modificaciones imperiosas en la operación de la empresa petrolera.
Por ejemplo, hace tres décadas no se construye una refinería y su carencia ha obligado a importar crecientes volúmenes de gasolina. La explicación oficial es que, con las reglas vigentes, sería más caro erigir las refinerías y entregarlas para su operación al sindicato que importar los petrolíferos que se dejan de producir. El sindicato es pieza fundamental del aparato priista (como lo subrayó el 4 de marzo la presidenta del tricolor Beatriz Paredes). Basta recordar que en la feria de ilegalidades que fue el proceso electoral del 2000, PEMEX y el sindicato canalizaron a ese partido quinientos millones de pesos, que aunque fueron insuficientes por motivos diversos, se encaminaban a llevar a la presidencia a Francisco Labastida, el mismo que hoy preside la Comisión de energía del Senado.
Combatir la privatización, como si no fuera ya una opaca realidad en la operación de PEMEX, es bandera abrazable por muchos mexicanos. Lo prueba el repunte en la popularidad de Andrés Manuel López Obrador, que la enarbola y la hará ondear esta tarde en el Zócalo.