En una decisión controvertida, que está en trance de ratificación en el Congreso, el gobierno argentino estatizó la semana pasada su sistema privado de pensiones, creado en 1994 como parte de la política surgida del Consenso de Washington, y que en México se expresó en la privatización del sistema de retiro en 1997.
Se han atribuido a la presidenta Cristina Fernández segundas intenciones al resolver la desaparición de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), como se llaman en Argentina las empresas que aquí se denominan con el acrónimo afores (administradoras de fondos de retiro). Sus adversarios políticos y algunos de los afectados descreen de su propósito de proteger los intereses de los trabajadores en activo o retirados (objetivo explícito de la reforma legal emprendida) y suponen que en realidad la gobernante trata de “hacer caja”, es decir de incorporar al patrimonio estatal unos cien mil millones de dólares, importe de los recursos de las AFJP, y de paso aplazar el pago de la deuda pública surgida de la tenencia de bonos del Estado en manos de esas empresas. El gobierno asegura que su intervención (a la que compara con la de Washington y Londres en beneficio de grandes consorcios financieros) busca el bienestar de los pensionados y jubilados y evitar el deterioro de sus fondos, toda vez que la rentabilidad del sistema privado ha sido negativa en el año reciente.
Cuando se creó dicho sistema privado de cuentas individuales se mantuvo el sistema estatal de reparto, gestionado por la Administración Nacional de Seguridad Social, que de ser aprobada en el Congreso la iniciativa presidencial (lo que es muy probable dado la relación de fuerzas parlamentarias favorece al gobierno frente a la oposición) se encargará, como antes de 1994, de la totalidad de las pensiones. Para generar apoyo a su medida, el oficialismo anticipa que la administración estatal hará crecer entre diez y treinta por ciento el monto de las pensiones, afirmación creíble al menos por el momento dada la caída de los rendimientos, la ya consumada y la que puede temerse ante la oscura expectativa de las empresas cuyas acciones han sido adquiridas por las AFJP, entre las que cuentan de modo relevante no pocas empresas españolas
El paso dado por el gobierno de Buenos Aires nos obliga a pensar en el caso mexicano, no para abogar por una medida semejante (imposible de imaginar en la derecha en el poder ni siquiera en función de los arrebatos contrarios a su política) sino para cuestionar una vez más un mecanismo que hasta ahora ha probado ser productivo sólo para las afores, con riesgo permanente y creciente (dada la crisis a que apenas nos asomamos) para los aportantes de los fondos.
Con perplejidad primero, y profundo desagrado y temor después, los cuentahabientes de las afores recibieron la noticia de que sus ahorros quedaron disminuidos en los primeros ocho meses de este año. Es decir, en vez de que sus fondos crezcan gracias a la eficacia de quienes los administran, han padecido minusvalías, eufemístico modo de llamar a la pérdidas, mermas, menoscabos de su dinero, que son palabras que con mayor exactitud y crudeza nombran lo ocurrido.
Puesto que no es su patrimonio, la situación deja impasible a la autoridad correspondiente, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar). Su presidente Moisés Schwartz dijo a principios de este mes: “las minusvalías no nos preocupan… si la gente se fuera a jubilar mañana y hoy tiene
menos recursos, si nos preocuparía”. (Reforma, 6 de octubre)- Pero como los retiros de los afiliados se producirán dentro de muchos años, debe confiarse en que para entonces las coyunturas negativas hayan sido superadas.
En la misma lógica (dentro del mismo sofisma, diría yo) el presidente de la asociación que agrupa a las afores, Eduardo Silva, recordó que en años anteriores ha habido rendimientos superiores a los producidos en el resto del sistema financiero, y que lo importante es el saldo a largo plazo. El razonamiento omite considerar que la pérdida de este año anuló las ganancias de los anteriores y que ese fenómeno puede repetirse una y otra vez, de manera cíclica o irregular, y que las jubilaciones pueden quedar afectadas a la hora de ser reclamadas, en cuyo caso sólo se pedirían disculpas a los damnificados.
En áspero contraste con la pérdida, o minusvalía como quiere el fingimiento, de las aportaciones, que en los primeros meses del año llegó a importar 52 mil millones de pesos, las afores son negocios prosperísimas. En ese mismo lapso cobraron comisiones hasta por diez mil millones de pesos, de los que si se descuentan los gastos de administración y de publicidad queda un jugoso remanente por concepto de utilidades. La contradicción se ahonda si se piensa que la actividad central de las afores consiste en adquirir fondos gubernamentales exentos de riesgo, o sea que practican una intermediación onerosa en perjuicio de su clientela.
Aunque las afores tienen un límite para sus inversiones riesgosas, las condiciones del mercado nacional e internacional incrementan el peligro de que las pérdidas se hagan permanentes tan cuantiosas que anulen los ahorros de quienes buscan tener un ingreso al fin de sus días productivos. Es de exigir a la Consar que se preocupe desde ahora por hallar un mecanismo que refleje en las comisiones las mermas en los rendimientos, de suerte que las afores participen de las minusvalías o las eviten.