Ser “aviador” o solapar a los que cobran en una dependencia pero no devengan su salario, no solamente es incurrir en una falta administrativa; también es un delito, aseguró el presidente de la Barra de Abogados de Durango, Juan Francisco Vázquez Novóa.
El líder de los profesionales del Derecho en la entidad dijo no tener documentación o queja formal en ese sentido al interior del organismo colegiado por parte de los socios, por lo que no podría aseverar que existen ese tipo de irregularidades dentro de la Secretaría de Educación del Estado de Durango.
Entrevistado por El Siglo de Durango sobre el cause que deben dar las autoridades ante la presunción de que estén registrándose ese tipo de anomalías dentro del gobierno estatal, Vázquez dijo que les compete a la Secretaría de la Contraloría y a la SEED investigar las denuncias que se han estado haciendo.
“Es un fraude ser aviador. Porque obtiene un ingreso aprovechándose del error o del engaño en que se encuentra otra persona; esto en el caso de los que están cobrando a nombre de otra persona.
“(...) Pero también se podría tipificar como fraude desde el hecho de que el que está en esa situación de cobrar sin devengar el sueldo, está cometiendo un engaño para lograr hacerlo y, al mismo tiempo, está obteniendo un beneficio económico afectando al sujeto pasivo de este delito que es el erario estatal”, explicó.
Fue más allá el vocero de la abogacía local, al indicar que pudieran aplicarse, por ende, sanciones de carácter penal no solamente contra la persona de la que se demuestre es ‘aviador’, sino también contra el o los funcionarios que solapan esa situación,.
Para Vázquez, la irregularidad de los ‘aviadores’ en cualquier dependencia pública es un delito claro y con todos los elementos jurídicos para considerarlo como tal, de ahí que consideró de suma importancia la vigilancia que debe poner la Secretaría de la Contraloría para investigar a fondo y no afectar a inocentes.
Reprochó el hecho de que algunos políticos usen las tribunas para hablar de ‘aviadores’ cuando no se cuenta con todas las pruebas para sustentarlo, porque ello afecta al presunto responsable sin que se haya comprobado nada.