México, DF (SUN-AEE).- Los pobladores de San Juan Ixtayopan, de la delegación Tláhuac, donde fueron linchados el pasado martes tres elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP), presentarán una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para denunciar las presuntas irregularidades en la actuación de la Procuraduría General de la República (PGR) en la investigación de los hechos.
Así lo dieron a conocer los abogados Alejandro Jiménez y Alfredo García Díaz, quienes fueron designados como voceros de una comisión integrada por 14 personas, que representan a los residentes del poblado, quienes buscan dignificar el nombre de su comunidad, después de la ejecución de los policías federales por parte de una turba.
En una asamblea efectuada por los pobladores, alrededor de las 18:30 horas, los voceros informaron incluso que analizan la posibilidad de demandar por la vía penal a las autoridades de la PGR, por las supuestas irregularidades en la investigación contra las 31 personas que ya fueron consignadas, por su presunta participación en la ejecución.
Al respecto, Alejandro Jiménez informó que la población de San Juan Ixtayopan reprueba y está indignada por el asesinato de los policías Víctor Mireles Barrera y Cristóbal Bonilla Martín, así como por la agresión a Edgar Moreno Nolasco, quien sobrevivió a la turba; pero también dijo que está molesta por el hostigamientos y los atropellos de los que supuestamente han sido víctimas por parte de las autoridades.
Por ello, se trasladarán a la CNDH para denunciar las supuestas anomalías en las que han incurrido las autoridades, en un intento por encontrar a los responsables de los hechos.
El abogado indicó que se busca dignificar el nombre de la comunidad, a fin de demostrar que “no somos una partida de ignorantes, violentos, ni intolerantes”. Por su parte, otro de los voceros, García Díaz indicó que la CNDH deberá analizar la actuación de la PGR en estos hechos, pues acusó que la dependencia “está sembrando pruebas y culpables de estos hechos”, al tiempo que exigió que las autoridades actúen conforme a derehco, con la ley en la mano”.
Agregó que entre los aspectos que se deben analizar es que el pasado miércoles, cuando la PGR realizó la denominada “Operación Ciclón”, donde detuvo a 35 personas, no contaba con órdenes de aprehensión ni cateo para irrumpir en los domicilios y los agentes federales que participaron sólo tenían órdenes ministeriales para localizar a los presuntos responsables del linchamiento.