Con el anhelo de obtener una vivienda de calidad tipo residencial, en un fraccionamiento dotado de todos los servicios públicos, hace diez años, cerca de 500 trabajadores de la educación aceptaron el ofrecimiento de acceder a créditos blandos, otorgados bajo el esquema de partes iguales (45-45) por el Fovissste y la banca comercial.
Ahora enfrentan una deuda impagable, la mayoría ni siquiera tiene físicamente su casa, y los que las ocuparon tienen problemas en los servicios de agua potable, drenaje, alumbrado, áreas verdes, recolección de basura, por no estar municipalizado el núcleo habitacional.
Ayer en el marco del Diálogo Ciudadano, organizado por la Presidencia Municipal para escuchar los planteamientos de la sociedad duranguense, un grupo representativo de los trabajadores de la educación que resultaron afectados en su patrimonio, por haber aceptado el financiamiento para obtener una vivienda en el fraccionamiento Las Nubes, acudieron a clamar apoyo del Ayuntamiento para tener los servicios públicos básicos, y amortiguar la desesperación que sufren por el fraude, y el estar inmersos, en lo que denominaron “diez años de corrupción, cochupo y chicanadas”.
Marco Antonio Flores, Ismael Guerrero, Benjamín Villasana y Miguel Ángel Martínez Quiñones, todos ellos maestros, al acudir ayer a la Presidencia Municipal, anunciaron que decidieron organizarse en forma, por la orden judicial que se emitió a favor de Banorte, para adjudicarle para remate 289 viviendas, como pago al supuesto adeudo que le dejó la constructora Las Águilas.
Con ello, se afecta inclusive a quienes ocupan sus viviendas, y que las han estado pagando puntualmente desde hace nueve años, pero que en lugar de reducir el monto de la deuda, se ha triplicado, por lo que al sentirse dañados en su patrimonio decidieron formar un frente común, y evitar que se les despoje de los inmuebles.
RECUENTO DE LAS IRREGULARIDADES
En la contratación de los créditos, el Fovissste se comprometió a pagar primeramente al banco, “pero de manera unilateral decide cobrar su deuda y pagar a la institución crediticia comercial, en cantidades fijas que en la mayoría de los casos solamente alcanzan para liquidar intereses y en otros ni siquiera eso, por lo que los montos se incrementan.
Las viviendas que ocuparon presentan infraestructura deficiente, desde firmes, pisos, lozas y paredes, además de que se construyeron en terrenos no apropiados, por lo que hay incertidumbre sobre el riesgo de hundimientos. Fue por ello que muchos no las aceptaron y dejaron solas, aun cuando siempre se les cobraron los abonos del empréstito.
Ello fue aprovechado por precaristas, que invadieron alrededor de 200 inmuebles, y los ofrecen a un costo de 40 mil pesos, cuando los verdaderos propietarios pagan más de 300 mil pesos.
Hay descuentos irregularidades, sin que el Fovissste emita estados de cuenta reales y precisos sobre los montos, lo cual genera incertidumbre, ya que, incluso, hay a quienes no se les ha descontado nunca, lo que presume cantidades exorbitantes.
Al no haberse municipalizado el fraccionamiento, hay irregularidades permanentes en los servicios públicos, por lo que nadie se hace responsable, ya que la constructora “Las Águilas” desapareció.
PROPUESTAS DE SOLUCIÓN
Los afectados, en el movimiento que iniciaron, proponen:
Que los diputados legislen para regular la integración legal de empresas fraccionadoras y prevenir futuros fraudes en los que incurren; entablar plática con Banorte y solucionar el problema de embargo y remate de las 289 viviendas que se adjudicaron al banco, a pesar de que Fovissste autorizó y otorgó los créditos; terminar con los descuentos desmedidos por préstamos que se han pagado hasta el doble, y aún se debe más; que se entreguen estados de cuenta reales y claros.
Además, piden agilidad en las demandas penales interpuestas por invasión de viviendas; revaloración justa de créditos; intervención de las autoridades para evitar más invasiones a las casas; regularizar el fraccionamiento para que sea municipalizado e investigar y castigar a los causanetes de robos de casas-habitación que se han proliferado a últimas fechas.
Niegan buscar culpables
Expresan los representantes de los afectados que no buscan culpables, sino soluciones, aunque aclararon que anteriores dirigentes de la Sección 12 del SNTE no se involucraron para ofrecerles la asesoría adecuada, a diferencia del actual, que demostró voluntad para ayudarlos.
Monto de la deuda
Un ejemplo ilustrativo de lo que representa el grado de endeudamiento a quienes accedieron a un financiamiento para vivienda en 1995 es lo que le sucede al maestro Miguel Ángel Martínez Quiñones, perteneciente a la Sección 12 del SNTE:
Recibió un crédito por 39 mil 618 pesos por parte del Fovissste, y en similar cantidad por la banca comercial.
Él aportó un enganche del diez por ciento. En el caso del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, a febrero pasado había pagado 160 mil 456 pesos, y aún tiene un saldo de 69 mil 185 pesos; y a Banorte le debe 100 mil 380 pesos.
Pero además, su casa, que decidió ocupar porque no tenía otra, a pesar de las deficiencias estructurales, es de las 289 que están señaladas para embargar y rematar por parte del Banorte. Y así como este caso es la mayoría de los afectados.
El problema es que las casas invadidas el banco pretende rematarlas a los que las invadieron, lo que es considerado como una injusticia por los verdaderos propietarios.