Un asunto en apariencia intrascendente, perdido en el archivo oscuro de septiembre 11, origina el conflicto entre ING y uno de los principales operadores de cruceros en México.
El pleito legal entre el operador de servicios turísticos en el Caribe mexicano, la empresa yucateca Aviomar, propiedad del empresario cozumeleño Trinidad Molina, y la aseguradora holandesa ING, que aquí dirige Hugo Bosni, amenaza con desbordarse y llegar a una nueva etapa de conflicto a través de dos juicios paralelos: uno en México interpuesto por el operador de servicios turísticos Aviomar, debido a lo que acusan fue la falta de pago de 7.5 millones de dólares por los costos judiciales en algún siniestro aéreo sucedido en la penumbra del “septiembre 11”, y otro presentado en Estados Unidos contra ING por la operadora de cruceros Holland Cruciers.
Vale precisar que en una comunicación entregada a este columnista, ING hace saber su disposición de pagar los cinco millones de dólares por concepto de responsabilidad civil que le adeudaría a la compañía de servicios turísticos en función de una acusación de “negligencia” que le costó la vida a 16 personas de un vuelo charter… pero no reconoce los denominados costos por litigio, 2.5 millones de dólares, que reclama Aviomar.
Y como Aviomar representa legalmente a Holland, esta firma holandesa se apresta a reclamar judicialmente toda la póliza asegurada, ya que ha mostrado ante las autoridades que su seguro cubría los costos de la contratación de abogados para resolver conflictos e inconformidades surgidos con los turistas.
Flores, prueba
de fuego
Pues el miércoles pasado las habilidades de Fernando Flores como estratega y negociador fueron puestas a prueba al cerrar con el sindicato de sobrecargos, el que encabeza Arturo Aragón, un acuerdo para elevar en tres por ciento el tabulador y otro dos por ciento las diversas prestaciones para mil 500 servidoras y servidores del aire. A diferencia de otros años y tiempos, el acuerdo se cerró sin llegar a los amagos de huelga o quiebra. ¿No que no?
Pero ello fue sólo la mitad de las pruebas que la administración de Fernando Flores debe efectuar para realizar un auténtico rescate de la aerolínea insignia de México.
La otra mitad de esa prueba de fuego se cubrió ayer con el acuerdo que Aeroméxico alcanzó con Air Europa que dirige José Hidalgo, con la firma de un acuerdo de código compartido que operará a partir del 15 de junio entrante a través del cual los vuelos operados por Air Europa en la ruta Madrid-Cancún-Madrid llevarán el código AM* de Aeroméxico. Se trata de siete frecuencias semanales con uno de los destinos más populares con el viejo continente en la temporada de verano.
Cortina
de hierro
El crecimiento desorbitante del precio de los productos siderúrgicos, así como el efecto que tienen sobre el ramo las importaciones dumping y aún abiertamente “piratas” fue la materia central de la segunda reunión intergubernamental del Comité Norteamericano para el Comercio de Acero.
Ahí participaron empresarios y representantes regionales de la industria siderúrgica como Barry Solarz de la AISI, Tom Danjczeek de la SMA, David Hartquist, Barry Lacombe de la CSPA, así como César Villarreal Guajardo por parte de Canacero.
El consenso fue aprovechar la ola alcista y enfrentar decididamente a los que consideran como rivales comerciales en toda la extensión de la palabra.
Compran
DINA
La nueva es que un grupo de empresarios encabezados por Rodrigo García de Ochoa, director general de Frontera Tren Motriz, formalizó en Hidalgo la compra de lo que fue DINA Autobuses, operación que importó 40 millones de dólares. La operación viene no sólo a darle aliento a una de las empresas de mayor abolengo en el país en el ramo de transporte, sino que además evidencia la actitud madura y responsable de los trabajadores para enfrentar la crisis que vivió la empresa insignia de las ruedas en este país.
El silencio
de los inocentes
Hoy se cumple nada menos que un año de que Capufe, que dirige Manuel Zubiría, le dio en controvertida licitación y no menos cuestionables parámetros, la operación concesionada a Tecsidel, firma española dirigida por Víctor Gómez, de la automatización de los servicios de cobro de peaje en 64 autopistas del país. A la fecha no ha sucedido nada, no se ha cumplido el contrato; en tanto que Capufe, la misma SCT que dirige Pedro Cerisola, y la Sefupu, a cargo de Eduardo Romero, guardan un extraño silencio.