Madrid, España (NTX).- La jueza española Teresa Palacios negó ayer la libertad bajo fianza a los ex directivos de la empresa Altos Hornos de México (AHMSA), Xavier Desiderio Autrey y Juan Carlos Carredaño Pérez, acusados de defraudación fiscal en su país.
Tras escuchar a las partes, la Jueza de la Tercera Sala de la Audiencia Nacional rechazó la libertad que el abogado mexicano Juan Rivero pidió para sus clientes mientras se desarrolla el proceso de extradición.
Rivero explicó que Palacios basó su decisión en la reciprocidad que debe haber entre los Estados como la mejor forma para que nadie se pueda sustraer de la acción penal. Calificó de “débil” el argumento de la Jueza y adelantó que este martes interpondrá un recurso en contra de la decisión.
Rivero confió en que la Jueza analice con un poco más de tiempo los documentos presentados por la defensa, así como las garantías individuales y los derechos humanos de sus clientes, quienes -dijo- tienen doble nacionalidad: mexicana y española. “Estamos dispuestos a pagar una fianza por el monto total de la acusación”, afirmó tras señalar que Palacios aún “tiene que resolver” en las próximas semanas tres escritos presentados por la defensa.
Uno de los documentos se refiere a la privación de la libertad de Carredano, quien -dijo- tiene dos órdenes de aprehensión canceladas por la jueza de Distrito en materia de lo penal del Distrito Federal, María del Carmen Hernández.
El ex Vocal del Consejo de Administración de AHMSA está “detenido ilegalmente” y en otro de los escritos demuestran que los detenidos pagaron la totalidad de los impuestos dentro de la legislación mexicana, aseguró Rivero.
Hay un plazo de tres meses para pagar los impuestos y los ex directivos de la siderúrgica los cubrieron antes de que venciera ese periodo, por ello “no se cometió un delito, una infracción sí, pero ya pagamos multas y recargos”, apuntó.
“Si se paga, la acción penal es improcedente”, aseguró el abogado, tras señalar que el otro de los argumentos de la defensa es que la evasión fiscal no es delito en España.