La Procuraduría General de Justicia solicitará la colaboración de la Procuraduría General de la República para indagar sobre las investigaciones que realizó del comandante de la Policía Judicial de Baja California Sur, Salomón Ricalday García, con el fin de localizar elementos que pudieran aportar algunas pistas para esclarecer el homicidio.
Así lo hizo saber el procurador de Justicia, José Luis Carrillo Rodríguez, a referirse al ajusticiamiento del extinto comandante ministerial, quien fuera baleado la noche del pasado lunes a bordo de su vehículo en céntrico crucero de la ciudad.
Además de hacer pública la solicitud de apoyo a la PGR, mencionó que existe fundamento para afirmar que el presunto asesino, cuya descripción ya fue distribuida por todos los sectores, continúa en suelo duranguense, por lo que no se descarta que sea capturado en breve.
Referente a la coordinación de los cuerpos de seguridad, indicó el funcionario que para eficientar el trabajo deben cruzar información, además de una mayor capacitación y comunicación continúa que no hay, ya que cada quien quiere actuar por su cuenta como si fuera “concurso” y eso repercute en los resultados hacia la ciudadanía.
Cuestionado sobre quién debe poner de acuerdo a las instituciones, señaló que cada una debe hacer lo propio hacia el interior, mediante sus formas de trabajo y competencia, sin roces profesionales.
Respecto de la posible participación del narcotráfico en el homicidio, dijo que sería muy prematuro asegurarlo porque no han recibido aún datos de que dispone la Delegación de la PGR de Baja California Sur, instancia que atrajo el caso del atentado del pasado 27 de agosto. De la misma forma, no puede afirmar que haya participación del brazo ejecutor del Cártel del Golfo, “Los Zetas”.
Antecedentes
El 24 de junio de 1999, Juan Manuel Cadena Núñez y Rafael Saenz Rodríguez interpusieron una queja con número de expediente asignado CEDHBCS-DQ-LAP-QF-065/99, en contra de Ricalday García, comandante del Grupo de Abigeato y sus agentes Rodolfo Castillo Talamantes y Juan María Flores Álvarez.
El motivo fue la arbitraria detención y retención de los quejosos, sin existir flagrancia ni orden del agente del Ministerio Público o del juez.
Según el escrito, el 22 de junio detuvieron a los arriba señalados y tras una golpiza y tortura los privaron de su libertad por varias horas, bajo la justificación de ser ladrones de ganado. De ello derivó una recomendación para la PGJ de Baja California Sur, resultando una sanción para los elementos.
Cinco años después, el 27 de agosto en las afueras del CREE de La Paz, BCS, Eduardo Fernández Oyozábal, escolta de Salomón, fue acribillado por tres sicarios, quedando gravemente herido. El hecho fue minimizado por el Gobierno de la entidad, señalando que se trataba de un hecho aislado, aun cuando hubo pruebas de la participación de “Los Zetas” debido a la forma de operar y las armas utilizadas.