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México, DF.- Luego de diez años, el caso del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) es un caso cerrado, aseguró el secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz.
“Fueron muchos años para un proceso que ha tenido tantas etapas, afortunadamente hemos llegado a esta última”, destacó el funcionario en entrevista con Monitor.
Con los bancos se canjeo alrededor de 220 mil millones de pesos, se recuperaron unos 112 mil 500 millones de pesos, un poco más de la mitad, alrededor del 60 por ciento, lo que no se recuperó es la parte que corresponde a los préstamos de los bancos que quebraron, lo que fue aportado por el Gobierno, señaló el Secretario.
“Ya cerramos estos capítulos y lo importante es ver hacia adelante, un peligro difícil de cuantificar pero importante si no se hubieran realizado los intercambios, se hizo una buena labor jurídica, de auditoría y contable”, enfatizó
Recordó que hace diez años se elevaron tanto las tasas de interés que las personas no podían destinar entre 50 y 60 por ciento del ingreso mensual a una hipoteca y así en cualquier servicio de crédito, igual que las empresas “era imposible pagar servicios de créditos que se fueron a las nubes, empezó la cartera de crédito a ser irrecuperable, lo que condujo a que los bancos no podían pagarle a los ahorradores, por lo que buscaron un apoyo a través del Gobierno.
Gil Díaz advirtió que si se les hubiera dejado de pagar a los ahorradores, se hubiera enfrentado una crisis muy severa, lo que haría necesario ejercer un control de cambios, “quizá, un corralito al estilo Argentina”.
El Gobierno canjeó a los bancos títulos por créditos incobrables de los bancos, para que con los intereses se les pagara a los ahorradores, mientras los bancos tuvieron que capitalizar con dinero de los propietarios para regresar a la normalidad; sin embargo, de los bancos que existían sólo sobrevivieron cuatro y los demás quebraron, los dueños perdieron su banco, capital y acciones.
Los bancos que sobrevivieron fueron: Banamex, Bancomer, Bital y Banorte e iniciaron en el programa de cartera y capitalización a cambio de que los dueños pusieran dinero en los bancos.
“El Congreso cuestionó el hecho de que se intercambiaran pagarés firmados por funcionarios de Hacienda y dicen que no es deuda pública, por lo que necesitaba de un organismo que lo valide, fue cuando surgió el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB)”, señaló Gil.
En un artículo de la ley del instituto, el quinto transitorio, da el Congreso instrucciones para el canje de pagarés que le dio el Gobierno a los bancos por otros que son pagares del IPAB, ordena una auditorias que hace un consultor canadiense contratado por el propio Congreso, explicó el funcionario.
“Concluyen las auditorías y en 1999 en la Junta de Gobierno del IPAB, antes de que se iniciara el Gobierno actual, concluye que además hay que realizar el canje sin auditorías adicionales, cuando entra el nuevo Gobierno consideramos que sí eran necesarias auditorías adicionales”.
En 1996 el nuevo Gobierno pidió a los bancos que no siguieran amparados ante nuevas auditorías para cerrar el capital, de otra forma sería eterno. Afortunadamente fueron conscientes y de entrada pagaron casi diez mil millones de pesos.
Como consecuencias de las auditorías de Gestión Eficiencia y Legalidad (GEL) se encontraron diferencias adicionales, el objetivo era que no quedaran cabos sueltos, “ se encontraron alrededor de unos dos mil 250 millones de pesos adicionales, acabamos con 12 mil millones de pesos, sumados a los recuperados por compartición de pérdidas los bancos se obligaron a que el 25 por ciento de los créditos que se habían canjeado tuvieran que irse contra sus resultados, sumado a la recuperación de cartera.