El Universal
Acapulco, Gro.- En plena temporada vacacional fueron arrojadas de manera simultánea dos granadas de fragmentación a sedes policiacas federales y municipales en el municipio de Zihuatanejo, ubicado en la región de la Costa Grande, dejando como saldo un policía ministerial herido.
Según el primer reporte policiaco, individuos a bordo de un vehículo - del que se desconocen sus características- lanzaron uno de los artefactos explosivos a las instalaciones de la Unidad Mixta de Atención contra el Narcomenudeo (UMAN), que se ubican en pleno centro de Zihuatanejo.
Las esquirlas de la granada hirieron a un efectivo de la Policía Investigadora Ministerial que se encontraba adscrito a esa corporación policiaca. De inmediato fue trasladado a un hospital de dicho destino turístico.
En ese ataque también resultó dañado un camión de pasajeros que estaba estacionado frente a las oficinas de la UMAN -sobre la céntrica calle 5 de Mayo-, lo que ocasionó que se reventaran los vidrios y que algunas esquirlas quedaran en parte de su carrocería.
De manera simultánea una persona arrojó la segunda granada de fragmentación a las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.
Según el reporte preliminar de la PIM, el artefacto detonó en el patio de dicha corporación, pero no se registraron personas o policías lesionados.
Sin embargo, según informaron los propios policías de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal después de los ataques recibieron llamadas anónimas que amenazaban con más lanzamientos de granadas pero a las canchas principales de Zihuatanejo.
ATRAE PGR INVESTIGACIÓN
La Procuraduría General de la República (PGR) inició dos averiguaciones previas por los ataques registrados en la Academia de Policía y la Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo (UMAN) de Zihuatanejo, Guerrero, donde detonaron dos granadas de fragmentación que dejaron un saldo de un policía herido de gravedad.
Por el delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego la Delegación estatal de la dependencia federal inició los expedientes PGR/GRO/Z/34/2007 y PGR/GRO/Z/35/2007 contra quienes resulten responsables de estas nuevas agresiones, que se suman a otros atentados similares registrados a lo largo de 2006, que se atribuyen a integrantes del narcotráfico.
EJECUCIONES
El viacrucis de las ejecuciones continuó en Monterrey, Nuevo León, ya que este Jueves Santo fue asesinado un hombre en el municipio rural de Allende, ubicado a 60 kilómetros al sur de Monterrey.
Los primeros reportes indicaron que alrededor de las 11:30 de la mañana una persona fue ejecutada en un negocio que actualmente es rodeado por el Ejército y los cuerpos de seguridad estatales.
Los hechos ocurrieron sobre la Carretera Nacional a la altura de la comunidad de Canoas, donde fue encontrado un hombre con varios impactos de bala calibre 223 que usa el rifle AR15.
Extraoficialmente se mencionó un atentado en contra cuatro personas que estaban en un taller mecánico, pero sólo quedó muerto Juan Valdez Álvarez, de 35 años de edad.
Con este crimen suman 46 ejecuciones en lo que va del año en Nuevo León.
En Michoacán, de varios balazos de rifle AR-15 y de pistola 9 milímetros, uno de ellos en la frente, fue ejecutado la madrugada de ayer el campesino Santiago Moya Cruz, de aproximadamente 33 años de edad, originario de El Letrero, municipio de Nueva Italia, y vecino de la tenencia de La Mira, municipio de Lázaro Cárdenas.
De acuerdo con versiones de Julio César Matus Gómez, quien identificó al ejecutado, desde hace tres años trabajaba como chofer del ahora occiso, que se dedicaba a la compra-venta de huertas de mango en la región.
Asimismo, la esposa de la víctima, María de Jesús Farías, informó a la Subprocuraduría Regional de Justicia que alrededor de las 02:00 de ayer miércoles, cuatro sujetos vestidos de negro con uniformes de la AFI y la Policía Ministerial, portando rifles y pistolas, entraron a su hogar ubicado en La Mira, donde dormía con su marido y se lo llevaron por la fuerza.
Asegura Ejército presunta narcoresidencia en Michoacán
Elementos del Ejército Mexicano aseguraron una presunta “narcoresidencia” en el municipio de Tanhuato, donde localizaron vehículos, armas de diferentes calibres, vestimenta tipo policial y pequeñas dosis de droga; sin embargo, no hubo detenidos.
Los primeros reportes policiacos señalan que la vivienda cateada y asegurada por los militares se encuentra ubicada en la comunidad de Tinaja de Vargas, en la localidad de Tanhuato.
Durante el operativo militar se aseguraron cinco vehículos, entre ellos una camioneta blindada, con placas 979NYH del Distrito Federal. Además se encontraron varias armas cortas y cartuchos útiles de diferentes calibres, así como uniformes y botas tipo policial.
Trascendió que en el interior de la vivienda también se encontraron 500 gramos de marihuana y 25 gramos de otras drogas químicas.
SOLICITA PGR ARRAIGO DE AGENTES EN AGUASCALIENTES
La Procuraduría General de la República (PGR) solicitó a un juez federal el arraigo por 90 días en contra de cuatro agentes ministeriales y un comandante de Aguascalientes, quienes fueron detenidos por policías federales, ante su presunta relación con el enfrentamiento registrado el 15 de febrero pasado, en el que cuatro policías municipales perdieron la vida.
Autoridades de la dependencia confirmaron que los detenidos durante un operativo realizado el miércoles en las instalaciones de la Policía Ministerial de la entidad fueron trasladados la madrugada del jueves a la Ciudad de México, para quedar a disposición de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).
Los detenidos Martín Belmares Castillo, comandante de grupos exteriores de la Policía Ministerial; Javier Cortez Menchaca, Javier Arredondo Martínez, responsable de los grupos de guardia, Braulio Hernández Quiteria y María Elena Ochoa Alvarado, secretaria del Comandante, fueron interrogados ayer sobre sus posibles vínculos con la balacera protagonizada por sicarios en febrero pasado.
En las próximas horas se definirá su situación jurídica, ya que el Ministerio Público de la Federación solicitó a un juez federal la medida cautelar por 90 días, a fin de perfeccionar la averiguación previa iniciada contra los servidores públicos.