Durango. Cierran temporalmente la Notaría Pública 15. La mañana de ayer, personal de la Secretaría General de Gobierno y de la Dirección General de Notarías llegó hasta el inmueble ubicado en calle 5 de Febrero, entre Zaragoza e Hidalgo, dando a conocer esta acción.
Ramón Gil Carreón, asesor jurídico de la Secretaría General de Gobierno, expresó que hay una resolución que determina la suspensión en virtud de que el notario público número 15, José Luis González, ha sido declarado formalmente preso en un procedimiento penal.
“Esto se debe a una suspensión del ejercicio del notariado de esta oficina, una suspensión ordenada por el Ejecutivo del Estado. Es derivado de un procedimiento administrativo instaurado en términos de la Ley del Notariado y el origen pues es un proceso penal y de acuerdo a la ley, procede la suspensión temporal”, mencionó Gil Carreón.
Sin dar mayores detalles el entrevistado dijo que se ha dado cumplimiento a la Ley del Notariado y la suspensión permanecerá hasta que se determine la situación del proceso penal. “Esto ya depende de las instancias judiciales. Si es una sentencia condenatoria se procederá a la separación definitiva y si es absolutoria dejará de sufrir los efectos la suspensión”, detalló.
Defensa. Juan Gerardo Parral Pérez, presidente del Colegio de Notarios, aseguró que aunque se les notificó para que estuvieran presentes en el cierre temporal, no sabía cuál era el motivo de esta determinación.
Defendió a González con el dicho de que en el caso que ha denunciado el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, Sección Siete, hasta ahorita no se tiene una resolución.
Pese a que la Comisión de Honor y Justicia del Colegio ha determinado que la escritura pública 13 mil 968 del volumen 228 del protocolo del Notario Público 15 de esta ciudad de fecha 13 de diciembre de 2004, no se encuentra apegada a Derecho, siendo carente de valor así como de legalidad (terreno que pelea el Sindicato Ferrocarrilero), Parral Pérez aseguró que nadie puede establecer tal situación, hasta que no se tenga una sentencia de un juez competente.
“No sabemos cuál fue motivo (de la suspensión), se supone que es un cierre de protocolo, no sabemos las razones que lo hayan fundamentado. No sabemos que resolución se haya dictado por parte del Gobernador”, aseguró..