Durango. Aún no se sabe si las últimas ejecuciones en el país son la respuesta de una delincuencia desesperada por que la autoridad ha recuperado los espacios que dominaban, como lo declaró Juan Camilo Mouriño, secretario de Gobernación, o si el “narco” quiere demostrar que puede más que las corporaciones y por eso arremete contra los policías; en Durango, como en otras entidades del país la guerra inició desde el año pasado con saldo hasta la fecha de 13 agentes ejecutados y dos desaparecidos.
Desde el año pasado la delincuencia organizada le declaró la guerra a las autoridades policíacas de Durango, especialmente a la Dirección Estatal de Investigación (DEI), le arrebató a diez elementos y dos se encuentran desaparecidos, en algunos de estos casos las autoridades presumieron que estaban relacionados con el narcotráfico.
Recientemente, también por presunta relación con delincuentes fueron asesinados dos elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) durante un supuesto fuego cruzado entre policías y narcotraficantes y en Gómez Palacio también asesinaron a un policía municipal.
Está mejor organizada la delincuencia. Lo que sí es un hecho es que la delincuencia organizada ha mostrado y demostrado que cuenta con una gran capacidad para atacar, tanto de inteligencia como de armamento, sin contar con la habilidad que tienen para sobornar a las autoridades para que puedan operar sin ser aprehendidos.
Los delincuentes han ejecutado a agentes policiacos y a ex agentes saliendo ilesos en la mayoría de las veces, han usado lanzagranadas para dispararle a los helicópteros del Gobierno del Estado para escapar, como fue el caso del comando armado que arremetió contra la Unidad Contra el Crimen Organizado (UCCO) y que al ir huyendo a la altura de San Juan del Río las aeronaves se quisieron acercar pero fueron ahuyentadas con disparos de potentes fusiles.
Ametralladoras de uso exclusivo del Ejército, armas especiales como las llamadas “matapolicías” y unidades vehiculares que además de lujosas cuentan con un potente blindaje.
Es evidente que cuentan con un aparato de inteligencia que ha sobrepasado al de la autoridad, pues en repetidas ocasiones se han visto los ataques y cuando las corporaciones pretenden reaccionar los delincuentes ya están lejos del lugar o bien resguardados.
Inició la batalla contra la autoridad. Todo comenzó aquel mes de abril del año pasado cuando prácticamente se instaló la delincuencia organizada en la capital del estado; fue sorpresivo, pues aunque Durango ya mantenía un índice de criminalidad considerable, los hechos violentos se presentaban en su mayoría en las regiones serranas.
El 17 de abril, cuando el comandante José Quiñones se disponía a tomar un periodo de vacaciones, al salir de su trabajo ya nadie volvió a saber de él; en su casa lo esperaban en la tarde de ese mismo día y a casi un año de su desaparición no se tienen pistas de su paradero.
Cuatro días después, en un encarnizado suceso, el comandante Sergio Muñoz fue “levantado” de las afueras de su domicilio cercano al libramiento San Ignacio y llevado en varias unidades hacia la carretera a Parral donde sus compañeros, miembros de la Unidad Contra el Crimen Organizado (UCCO) procedían a su rescate; sin embargo, cuando habían ingresado al poblado Donato Guerra, ya en Canatlán, fueron rafagueados con fusiles de alto poder por los presuntos delincuentes, arrojando un saldo de los agentes muertos Jesús Rosales Acosta y Alfredo Monárrez Valverde, mientras que una oficial resultó herida.
Horas más tarde, cuando prácticamente toda la corporación estaba apoyando en la persecución de los agresores, en las inmediaciones del municipio de Indé, ejecutaron con una cantidad importante de disparos a Sergio Muñoz.
El 24 de octubre del año pasado, en otro acto perpetrado por el crimen organizado, fueron rafagueados los comandantes Luis Ricalday Vargas, a quien acababan de nombrar director operativo de la DEI y quien presentó 13 heridas producidas por proyectil disparado por arma de fuego AK-47, y a su compañero Manuel Santacruz Gutiérrez, a quien todos conocían como “El Meny”, apreciándosele 15 heridas similares, cuando se dirigían a bordo de su patrulla a las instalaciones de la PGJE por el libramiento San Ignacio.
Continuó la afrenta en el 2008. Ya en este año, el 12 de enero desapareció el agente Enrique Antuna Meza, de 22 años, después de protagonizar un accidente vial y hasta la fecha se desconoce su paradero, y el 31 de enero Joaquín Name Galaviz, de 24 años, fue ultimado a balazos en las inmediaciones del Panteón de Oriente cuando se encontraba en compañía del director de Seguridad Pública Municipal, Gustavo Rivera Ramos.
El 5 de febrero, en el municipio de Rodeo, los agentes de la DEI se enfrentaron a balazos contra un grupo de la delincuencia organizada y aunque en este fuego cruzado no hubo decesos se presentaron cuatro elementos lesionados.
Apenas el 5 de marzo pasado, el comandante Luis Felipe Galarza Reyes, quien contaba con 36 años, fue ejecutado en la cochera de su casa ubicada en el fraccionamiento Puertas del Sol, cuando se disponía a salir a trabajar.
Así mismo en el municipio de Guanaceví fueron emboscados cuatro elementos de la multicitada corporación, donde perdieron la vida el comandante Nemesio Barraza Torres, de 46 años, y dos de sus agentes, José Cuéllar Nájera y César Alfonso Lara Pérez, de 35 y 40 años, respectivamente, a quienes además les quitaron las armas y les quemaron la patrulla como una afrenta en contra de la Procuraduría, resultando lesionado un agente con dos impactos de bala.
También le pegaron a la Federal y a la Municipal. Dentro de los sucesos en los que han perdido la vida agentes policiacos en manos de delincuentes se tiene el dato de dos elementos de la AFI y de uno Municipal, los dos primeros en la capital del estado y el tercero en Gómez Palacio.
El pasado 13 de abril en la colonia José Revueltas se registró una balacera entre presuntos narcotraficantes y elementos de la AFI, donde se presumía que estos últimos estaban relacionados con los criminales; ahí quedó muerto el agente investigador Martín Antonio Malváis Pérez, mientras que su compañero Enrique Niño de León, de 37 años, resultó gravemente lesionado y días después murió en un hospital cuando recibía atención médica.
Finalmente, el 4 de mayo, en la colonia Tierra Blanca de la ciudad de Gómez Palacio, fue asesinado en su domicilio el policía municipal Román Nicolás Cortez, de 29 años, quien recibió cuatro impactos de bala en presencia de su esposa, sin que a la fecha se tenga conocimiento de la identidad de los ejecutores.