El sistema de impartición de justicia en Durango avanza hacia un modelo más abierto y accesible con capacidad para enfrentar los retos del desarrollo y la modernización. Este cambio no ha sido tarea fácil, se trata de un proceso que se ha desarrollado en años recientes en el que invariablemente convergen los esfuerzos de funcionarios y servidores de todos los niveles de la carrera judicial. El Poder Judicial de nuestro estado es rico en historia, motivo por el cual en esta entrega editorial comparto con los lectores algunas cápsulas históricas referentes a ello.
Para 1908, el Supremo Tribunal de Justicia se componía de cinco magistrados propietarios y quince suplentes. Eran magistrados propietarios los licenciados Saturnino Muñiz (presidente), Antonio Muguiro, Juan B. Ávila, Eduardo G. Cadaval y Darío Enríquez. El 27 de marzo de 1909 por decreto se elevó a seis el número de magistrados propietarios. Al comienzo de la Revolución el Poder Judicial del Estado tenía un presupuesto anual de cincuenta y dos mil treinta y seis pesos, ganando los magistrados doscientos setenta y cinco pesos
mensuales. El 22 de febrero de 1913 fueron asesinados el presidente don Francisco I. Madero y el vicepresidente licenciado José María Pino Suárez.
Para esa época eran magistrados propietarios del Supremo Tribunal de Justicia los licenciados Saturnino Muñiz (presidente), Buenaventura Cincúnegi (vicepresidente), Antonio Muguiro, Eduardo G. Cadaval, Juan B. Ávila y Pedro Escárcega. Las oficinas del tribunal se encontraban en Palacio de Gobierno, que era donde se concentraban los tres poderes del estado, es decir el Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo. Del 1° de agosto de 1917 al 31 de julio de 1923 fueron nombrados magistrados propietarios Narciso Herrera, Julián Bermúdez,
Joaquín Moreno, Laureano Roncal, Fernando Castaños y Jesús Dorador Ibarra. El licenciado Laureano Roncal se excusó de tomar protesta como cuarto magistrado propietario alegando estar enfermo. Para el 18 de octubre de 1917 el Tribunal funcionaba sin el 4° magistrado propietario ya que no se había nombrado a nadie para que ocupara el lugar que el licenciado Laureano Roncal no pudo desempeñar. La Cámara de Diputados, como se le conocía entonces, se erigió en colegio electoral para elegir al magistrado. Los candidatos fueron los abogados Carlos Hernández y Manuel Sida, obteniendo la mayoría de votos emitidos Carlos Hernández convirtiéndose en el nuevo magistrado 4° del Tribunal. Solamente un año estuvo como magistrado ya que su enfermedad en el estómago se agravó, falleciendo en septiembre de 1918. Carlos Hernández fue abogad0 y escritor, autor de “Durango Gráfico”, una de las obras más completas e interesantes que sobre Durango se han escrito.
El 24 de noviembre el licenciado Joaquín Moreno requirió licencia de la Cámara dé Diputados para separarse del cargo de 3° magistrado propietario por tiempo indefinido con el objeto de pasar a ocupar el cargo de Secretario General de Gobierno. En sus tiempos de estudiante Joaquín Moreno fue parte de la primera sociedad de alumnos del Instituto Juárez y para 1922, junto con Antonio de Juambelz, fue cofundador del periódico El Siglo de Torreón. Para el 10 de marzo de 1919 la administración de justicia en el estado estaba a cargo del Supremo Tribunal de Justicia, los Jueces de Primera Instancia, los Jurados, los Jueces Menores, los Jueces Correccionales, Auxiliares y Municipales y los Jefes de Cuartel. Como auxiliares de la Administración de la Justicia se contemplaba al Ministerio Público, los Defensores de Oficio y los Peritos Médico-Legistas y demás que fueren necesarios. Durante el periodo de gobierno del general Jesús Agustín Castro Rivera se creó la figura de jueces asesores, ocupando el cargo de Primer Juez Asesor el licenciado Enrique López Portillo y el licenciado Carlos Espeleta como Segundo Juez Asesor.
El licenciado Carlos Espeleta Torrijos era conocido con el sobrenombre de “El Juez Incorruptible”. Nació en Durango el 25 de noviembre de 1892. Poco después de haber concluido sus estudios de abogado se trasladó a la ciudad de México donde fue Agente del Ministerio Público. En 1942 fue nombrado Juez Penal en el D.F., ocupando el juzgado 14 de la quinta corte penal. Fue juzgador en dos de los casos penales más sonados de la mitad del siglo pasado en México. El proceso al estrangulador de mujeres Gregorio “Goyo” Cárdenas, y el proceso al ingeniero José Luis Paganoni Castro, matador del actor Ramón Gay. En aquellos tiempos el jurista protagonizó titulares de la prensa como “Paganoni teme caer en manos del incorruptible juez Ezpeleta” y uno más que decía “Espeleta, el insobornable, lo va a juzgar por homicidio y daños”. Incontables anécdotas ayudaron a construir su reputación de hombre íntegro. La más famosa de ellas consistió cuando durante una causa recibió una consigna escrita por cierto presidente de la República. Sin inmutarse, Espeleta ordenó que dicha tarjeta fuera agregada al expediente que estaba instruyendo a fin de que surtiera los efectos que en su caso procedieran. Pese a su fama de honradez, el abogado Carlos Espeleta Torrijos jamás fue promovido a magistrado propietario del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Durango, lo que al parecer fue el sueño dorado de toda su vida. Murió en la capital del país el 22 de enero de 1983.
A partir del primero de agosto de 1923 entraron en funciones los magistrados que iniciaban un nuevo periodo según la Ley Orgánica y Reglamentaria de la Administración de Justicia del Estado, mismos que debían concluir seis años después, es decir el 31 de julio de 1929. El presidente del recién instalado Supremo Tribunal de Justicia era el licenciado Francisco Saldaña. Inicialmente fue propuesto como magistrado 6° propietario el licenciado Alberto Terrones Benítez, sustituyéndolo en el cargo quince días después el licenciado Rafael Reyes Valdez, que ocupaba el segundo lugar en la lista de supernumerarios. Ya para entonces los magistrados estaban autorizados para impartir dos clases en los colegios del estado, anterior a esto sólo podían dar una sola materia, prueba de ello es que el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Francisco Saldaña, tenía la responsabilidad de las asignaturas de Derecho Romano y Procedimientos Civiles en el Instituto Juárez. Nicolás Martínez daba la clase de Raíces Griegas y Latinas en el Juárez, y en el Instituto de Niñas “Juan Hernández y Marín” ofrecía las materias de Economía Política y Derecho Mercantil.
Los datos anteriores son tan sólo una mínima parte de acontecimientos que le han dado forma al Poder Judicial de Durango. Conocer la historia del Poder Judicial de nuestra entidad federativa nos lleva a conocer la vida de personajes que a lo largo de 184 años se han dedicado a impartir justicia pronta y expedita en el contexto de los grandes acontecimientos históricos de Durango.
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