Madrid, España
Las elecciones autonómicas del próximo domingo 28 de noviembre en Cataluña están sirviendo al opositor Partido Popular (PP) para mostrar su cara más dura contra la inmigración.
El partido es consciente de que la llegada de la crisis económica ha provocado que, según las encuestas, la inmigración sea una de las tres principales preocupaciones de los españoles (78 por ciento el desempleo, 48 por ciento economía y 15 por ciento inmigración). Por ello ha centrado su campaña en ella con un discurso cada vez más racista y xenófobo y con duras iniciativas para controlar la inmigración irregular, en una comunidad autónoma con un elevado número de población musulmana y con serios problemas de integración. Los líderes catalanes saben que es imposible que lleguen a gobernar (tienen 14 diputados de 135), de manera que han decidido arriesgar y hacer de la mano dura contra los irregulares una de las banderas electorales de su partido con la esperanza de captar votos.
Así cada vez son más frecuentes las declaraciones de políticos del PP acusando a los extranjeros de abusar de la sanidad, de quedarse con la mayor parte de las ayudas sociales y de ser responsables de muchos delitos que se llevan a cabo en el país. El líder del PP en Badalona, Xavier García Olbiol, dijo hace unos días que el colectivo rumano gitano "ha venido a delinquir, y con ellos no sirven las políticas de integración sino medidas contundentes policiales y judiciales. Es necesario que a esas personas las encierren en la cárcel o las devuelvan a su país". Sin embargo, este discurso xenófobo se contradice con la realidad. Por primera vez desde el año 2000 los inmigrantes están abandonando España y se están regresando a sus países de origen por la crisis, ya que cada vez tienen más dificultades para encontrar trabajo
Además, pese a que el PP acusa a los inmigrantes de abusar del uso de la sanidad pública, los datos confirman que la utilizan la mitad que los españoles. Según un informe de la Sociedad española de Medicina de Familia y Comunitaria, los extranjeros acuden 4.7 veces al año al médico frente a las 8.3 veces de los españoles.
Además de las declaraciones de sus líderes, algunas medidas propuestas por el PP también han provocado el malestar de las asociaciones de inmigrantes y de los partidos de la oposición. Por ejemplo, proponen endurecer el empadronamiento mediante la exigencia de una identificación además de la cesión de estos datos a la policía, lo que permitiría a las fuerzas de seguridad detectar inmigrantes en situación irregular. Ello provocaría que muchos extranjeros no se atrevan a empadronarse por miedo a ser expulsados, con lo que dejarían de tener acceso a servicios básicos como la sanidad y la educación gratuita.
Otra medida que pretende imponer el PP es un contrato de inmigración que obligaría a los trabajadores extranjeros a comprometerse a cumplir las leyes; respetar los valores y costumbres del país; pagar impuestos; aprender los dos idiomas oficiales de Cataluña (español y catalán); trabajar activamente por integrarse y "volver a su país si por un espacio de tiempo se ha quedado sin trabajo y oportunidades de ganarse la vida".
Otra medida planteada por el PP es imponer "certificados de buena conducta" para inmigrantes que influyan a la hora de renovar los permisos de residencia y de trabajo. Y para obtenerlo contaría la opinión de los vecinos.
La vocera de inmigración en el Congreso de los Diputados, Esperanza Esteve, denuncia que el PP se ha adherido "a la ola xenófoba de Holanda, Francia e Italia que busca un chivo expiatorio en los más vulnerables". "Están preparando el mejor caldo para la fractura social y un daño irreparable en la base social de los barrios", asegura.
Daños
El partido es consciente de que la llegada de la crisis económica ha provocado que, según las encuestas, la inmigración sea una de las tres principales preocupaciones de los españoles (15 por ciento inmigración), el resto es de desempleo y economía.
Medidas
Algunas medidas propuestas por el PP también han provocado el malestar de las asociaciones de inmigrantes y de los partidos de la oposición. Proponen endurecer el empadronamiento mediante la exigencia de una identificación.