Los fiscales militar y del estado de Tamaulipas deben renunciar tras haber "falseado" información sobre la muerte de dos niños mexicanos, el pasado 3 de abril en un retén militar, declaró hoy el abogado Raymundo Ramos, asesor legal de la familia de las víctimas.
El miércoles, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) , un organismo público con funciones de defensor del pueblo, emitió una recomendación para la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) en la que señala que fueron militares los responsables de un ataque contra 13 personas que viajaban en una camioneta en el que murieron dos niños.
Por tal motivo, Ramos anunció hoy en la emisora MVS que en las próximas horas ofrecerán una rueda de prensa donde reiterarán su solicitud de renuncia de los dos procuradores, el militar José Luis Chávez Chávez, y el de Tamaulipas, Jaime Rodríguez.
El 30 de abril, en una conferencia de prensa conjunta, los procuradores de Tamaulipas y de la Sedena sostuvieron que la causa de las muertes de Martín y Bryan Almanza Salazar, de 9 y 5 años respectivamente, fue un enfrentamiento con sicarios.
La madre de los pequeños, Cinthia Salazar, sostuvo desde un principio que la versión era falsa y se unió al abogado Ramos para exigir responsabilidades.
Raymundo Ramos, quien además de asesor jurídico de la familia es presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (Tamaulipas) , reconoció hoy ante la emisora el trabajo de la CNDH, que "acreditó violaciones a los derechos humanos" de los niños y sus familiares.
"Para nosotros (la recomendación) confirma lo que la señora Cinthia y Martín (su esposo) han estado denunciando: que fueron soldados mexicanos quienes acabaron con la vida de Martín y Bryan" , añadió.
No obstante señaló que la petición de la CNDH a la Sedena de que indemnice a los familiares de los menores muertos, repare los daños físicos y psicológicos a las demás víctimas e instruya a que personal de esa dependencia no altere las escenas de los hechos "se quedó corta en virtud de todas las evidencias que se presentaron para demostrar la responsabilidad del Ejército" , dijo Ramos.
El letrado demandó que el Estado mexicano asuma su responsabilidad ante estos hechos, especialmente ante la circunstancia de que se hayan trastocado evidencias para hacer ver algo distinto a lo que ocurrió.
"Si yo como ciudadano le miento a una autoridad, es un delito muy penado. Sin embargo cuando miente un servidor público, se hace una asociación delictuosa ahí, con un grado de impunidad muy alto. Para poner orden, ellos tienen que poner el ejemplo" , agregó Ramos.
La Sedena emitió anoche un comunicado donde informó que ha recibido la recomendación de la CNDH y que cuenta con 15 días hábiles para analizarla, "por lo que en su oportunidad se determinará si se aceptan o no los términos de la misma" .