Persiste rezago en escrituración: Corett

En el estado de Durango existe un rezago considerable en materia de regularización de la tierra; esta problemática solo se ha podido abatir en un 4 por ciento, informó el delegado de la Comisión para la Regularización y Tenencia de la Tierra (Corett), Gabriel Arce Rodríguez.

El servidor público señaló que el rezago no se puede cuantificar más que en función de una necesidad, es decir, si se visita lugares como Gómez Palacio y Lerdo, Pueblo Nuevo y Santiago Papasquiario, se puede observar gran cantidad de predios que han sido vendidos por ejidatarios o invadidos y que no cuentan con una escritura de carácter público.

Lo anterior representa una irregularidad, pero a lo mejor la persona tiene un papel o un título que le ampara un espacio, sin embargo, no ejerce una legalidad pública porque no puede heredar ni vender o solicitar créditos.

Esto le representa un retraso económico tanto a la población como al municipio, aun cuando la irregularidad en el estado se ha logrado disminuir en un 4 por ciento: "se espera continuar con esta tendencia con base en la voluntad política de los tres órdenes de Gobierno".

MAYOR PROBLEMÁTICA

Arce Rodríguez se refirió al caso particular de El Salto, en el municipio de Pueblo Nuevo en donde el 99 por ciento de la población está en la irregularidad, debido a que los habitantes viven en lo que era una propiedad empresarial y la que tuvo conflicto con el sindicato.

Explicó que cuando se dio una quiebra y derivado del problema jurídico no se ha podido regularizar, afortunadamente adjudicatarios y sindicato se han puesto de acuerdo en una resolución judicial para solicitar a Corett su regularización.

De tal manera, que próximamente se estará anunciando la solución de este problema que data de hace 20 años, es un tema añejo y en donde se ha expandido la vivienda y la urbanización sin tener un documento que ampare la propiedad.

Precisó que el hecho de no contar con una escritura pública, implica que la población no pueda tener créditos a través del Gobierno Federal y el no acrecentar su vivienda.