Ingreso mínimo universal
Hace unos días la coalición electoral Frente Ciudadano por México, formada por los Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano presentó lo que hasta ahora es su principal propuesta de campaña: implementar un ingreso mínimo universal, es decir, un monto de dinero que cada mexicano recibiría del estado sólo por su condición de ciudadano.
La propuesta no es nueva, ya que se puede encontrar en las propuestas de Thomas Paine hace más de 200 años; sin embargo, ha tomado impulso en las últimas décadas gracias al trabajo intelectual de académicos convencidos de la viabilidad de la propuesta, como Philippe van Parijs y de políticos que han luchado por institucionalizarlas, a nivel de ley, como el ex senador brasileño Eduardo Suplicy, quien fue el principal impulsor de la ley de ingreso mínimo que se aprobó en ese país en 2004, siendo la primera de su tipo en el mundo y que se diseñó para aplicarse gradualmente y prioriza a los más pobres mediante el programa gubernamental dirigido a la población en condiciones de extrema pobreza.
El único caso hasta el momento de un programa de renta básica universal es el que aplica el estado de Alaska, que anualmente entrega una cantidad a cada ciudadano (en los últimos años el monto ha fluctuado entre los $ 1,000 y $ 2,000 dlls.), como resultado del fondo que tiene para ese fin y que se financia con los impuestos a la actividad petrolera del estado.
Los que están a favor de implementar un ingreso mínimo universal tienen como principal bandera el proveer a todos los ciudadanos un piso mínimo desde el cuál puedan realizar planes y proyectos de vida. Si el costo mínimo de una vida decente está cubierto, argumentan los defensores de la iniciativa, los ciudadanos estarán en posibilidades de dedicar sus energías a realizar las actividades que más se adapten a sus condiciones y habilidades, con la posibilidad real de escoger entre diferentes opciones de vida.
La principal crítica a este tipo de propuestas tiene que ver con los supuestos incentivos para que los beneficiarios no participen activamente en el mercado de trabajo, a lo que los defensores responden que dará libertad a los ciudadanos para rechazar empleos que no cumplan los mínimos estándares de lo que se considera un trabajo decente.
La propuesta de una renta básica universal, calificada por sus críticos como una utopía, ha ido ganando espacios en el debate intelectual y ahora se posiciona como una propuesta viable de justicia social para redistribuir el ingreso, reducir la pobreza y desigualdad tanto en los países desarrollados como aquellos en vías de desarrollo. En nuestro país tiene el potencial para cambiar la política social considerada clientelar por una que privilegie el enfoque de derechos.
La viabilidad de una propuesta de este tipo en México depende de muchos factores que seguramente se podrán analizar en otras entregas. Sin embargo, es interesante que sea, hasta ahora, la principal propuesta de una de las fuerzas políticas que contenderá en las elecciones federales del año entrante.
Twitter: @jesusmenav