Persiste 'compadrazgo' en obra, señala CMIC
A nivel municipal, en lo que respecta a la asignación de proyectos de obra pública, los Ayuntamientos siguen basándose en intereses particulares para distribuir el presupuesto, señaló el dirigente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Miguel Ángel Reveles Pérez.
Explicó que en Durango, a pesar de que el sector organizado de los constructores ha insistido en que tanto la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Secope) como el Centro Durango de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) prioricen a los empresarios locales, a nivel municipal los avances son mínimos.
“Es poca la participación que tenemos los constructores, dado que los municipios diferentes al de Durango, los presidentes municipales tratan de llevar a cabo sus obras con conocidos de ellos mismos, entonces es poca la participación que tienen las empresas locales”.
Añadió que ya se establecieron canales de comunicación con algunos Ayuntamientos, para buscar incidir en la asignación de los proyectos que habrán de ejecutarse con recursos del 2019.
Actualmente dijo, apenas un 10 por ciento del total de los proyectos que ejecuta la Cámara a través de sus asociados son en el plano municipal, cifra que buscan incrementar para años venideros.
PADRÓN DE PROVEEDORES
Además de lo que podría considerarse como competencia desleal, puesto que la asignación de la obra no se hace en base a licitaciones, el presidente de la CMIC enfatiza que este método de selección de proveedores deja a los municipios indefensos en caso de que la obra no se ejecute con la calidad requerida.
“Es un problema porque después no les reciben las obras, ni el Congreso ni la Contraloría, porque les hacen observaciones”.
Reveles Pérez afirmó que prácticamente el 100 por ciento de los agremiados de la Cámara que representa está en condiciones de ejecutar proyectos en los municipios de la entidad, sin embargo, es necesario que haya voluntad y confianza por parte de los alcaldes.
Su carta de presentación es el respaldo de la Cámara, que les permitiría a los Ayuntamientos tener un acompañamiento hasta que la obra sea recibida y en caso de algún señalamiento podrían responder para solventarlo, lo que no pasa cuando se trata de una empresa que no está certificada.