Secretario técnico del Ayuntamiento de Lerdo intenta desvincularse de señalamientos por tráfico de influencias
El secretario técnico del Ayuntamiento, Gerardo Lara Pérez, dijo al menos cinco aseveraciones falsas en una entrevista concedida a medios de comunicación sobre los señalamientos de tráfico de influencias donde figuran él y al menos otros cuatro funcionarios de Lerdo que forman parte del Colegio Asociación Metropolitana de Abogados de La Laguna A.C. (Camalac Laguna) que preside. El Siglo de Torreón cuenta con documentos oficiales que así lo demuestran.
"Nosotros nos desvinculamos de cualquier tipo de situación", declaró Lara, no obstante, ni él ni los funcionarios que forman parte de su asociación están desvinculados, ya que han trabajado con el señor Salvador Rodríguez y su hija Rocío Rodríguez, funcionaria del Centro de Conciliación, como operadores políticos en las recientes campañas electorales. También existe evidencia de la cercanía con la familia en redes sociales.
"A lo mejor, no sé en el sentido de que están desesperados y piensan que la autoridad municipal puede intervenir a favor de ellos pero simplemente se ha actuado de acuerdo a la ley en el sentido de que no hemos tenido participación alguna", respondió ayer Lara.
Ninguno de los funcionarios que forman parte de Camalac han dado respuesta a los 15 oficios donde la señora Elvira Reyes Iza solicitó, incluso en varias ocasiones, acciones que sí competen a la administración municipal sobre su propiedad, y que tiene que ver con la prestación de servicios, en el lugar donde se ubica el autolavado "Nonoalco".
"En la cuestión referente a la posesión que se está peleando entre los particulares tengo entendido que tiene su licencia", señaló el secretario del Ayuntamiento, sin embargo es del conocimiento del funcionario que el establecimiento opera sin ninguna licencia puesto que un recibo otorgado indebidamente fue cancelado por la tesorería por no cumplir con ningún requisito básico como la autorización de la propietaria.
"Y la cuestión que se maneja en la situación del Juzgado Municipal es referente a que se cortó el agua puesto que la propietaria solicitó a Sapal la cancelación de su contrato pero nunca se mencionó que había un posesionario en el predio", declaró Lara Pérez.
El secretario técnico, el Juzgado Municipal, la contraloría, Ejecución Fiscal, la Dirección Jurídica y la tesorería tienen conocimiento desde enero y febrero mediante oficios recibidos por ellos (en poder de El Siglo de Torreón) que el señor Salvador no cuenta con ningún documento que lo acredite como posesionario, ningún contrato, ni licencia, ni pago de prediales ni tampoco tiene su domicilio ahí, además de que es una toma de agua que se utiliza para un negocio de autolavado.
"Entonces sabemos que la Constitución establece que no se puede cortar el agua, que es un derecho fundamental...", aseveró Lara. No obstante, el Sapal cobró a doña Elvira la cantidad de 4 mil pesos por cancelar el servicio al autolavado (lo cual consta en recibos con fecha del 22 de enero) pero el Juzgado Municipal ordenó la reconexión al señor Salvador sin costo alguno y sin tener ninguna cuenta a su nombre por lo cual utiliza el servicio agua gratis para su negocio.