SSP adeuda 29 pagos por videocámaras de seguridad en Durango

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) tiene un rezago de 29 pagos por el servicio de arrendamiento de las 256 videocámaras de vigilancia urbana, recientemente colocadas en diferentes puntos de la entidad; lo que implica un monto de más de 161 millones de pesos de adeudo.

Se trata de un equipamiento de seguridad que fue adquirido bajo cuestionamientos de la oposición a mediados del año 2019, por la falta de transparencia en dicho procedimiento y que dos años después se mantiene en opacidad.

Aunque la SSP se esmeró en mantener el hermetismo en torno a la adquisición, las condiciones y el pago de dicha infraestructura, El Siglo de Durango obtuvo los documentos que comprueban que el Gobierno del Estado estaría imposibilitado para concretar dicha compra este mes de junio.

OPACIDAD DE LA SSP

A finales de mayo del año 2019, el Gobernador del estado realizó un evento para anunciar que se reforzaría la vigilancia en Durango, mediante la adquisición de cuatro arcos de seguridad y 256 videocámaras que estarían conectadas al Centro de Coordinación Integral, Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C5) "para dar respuesta a la demanda en materia seguridad que requiere la comunidad y concentrar la información que requieren las corporaciones".

En dicho evento, se precisó que en la capital duranguense se instalarían 127 cámaras nuevas; en Gómez Palacio otras 34 nuevas y 16 en Lerdo.

Unos días después, El Siglo de Durango emitió la solicitud de información con folio 316319 para obtener los comprobantes de pago tanto de las 256 cámaras de videovigilancia como de los arcos de seguridad. Aunque la SSP inicialmente negó la existencia de la documentación y luego pretendió clasificarla, el Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales (Idaip) ordenó la entrega del material solicitado, con previa amonestación pública a todos los integrantes del Comité de Transparencia de la Secretaría por incumplimiento en plazos anteriores.

Fue hasta noviembre de ese mismo año cuando la Secretaría de Seguridad Pública emitió los documentos que ofrecieron dos datos concluyentes: no existía evidencia alguna de compra de arcos de seguridad y las 256 videocámaras no fueron compradas "de contado" sino mediante esquema de arrendamiento.

 COMPRA A PLAZOS

El documento proporcionado por la Secretaría fue el contrato de "arrendamiento plurianual de equipo para video vigilancia C5 NIT Durango (sic)", signado el 30 de abril del 2019 entre el entonces Secretario de Seguridad Pública y hoy diputado federal, Javier Castrellón Garza, así como el secretario de Finanzas y Administración, Jesús Arturo Díaz Medina, y la empresa Interconecta, S. A. de C. V.

El monto del contrato fue por la cantidad de 150 millones 289 mil 999 pesos; a esa cifra se sumaron otros 24 millones 526 mil 399 pesos por concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Es decir, el total del documento ascendió a 177 millones 816 mil 399 pesos.

En ese contrato, el Gobierno del Estado, a través de la SSP, tomó en arrendamiento el equipo para "uso y goce temporal", obligándose a pagar las 32 rentas mensuales, que fueron fijadas en cinco millones 556 mil 762 pesos cada una, ya con IVA incluido. El contrato puntualizó que dicha renta debía pagarse dentro de los 20 días naturales posteriores a la entrega de la factura correspondiente.

Pero los primeros seis meses de vigencia serían utilizados para la instalación del equipo arrendado por parte de la empresa Interconecta, con su respectivo "hardware, software, soporte técnico a todo nivel y mantenimiento".

Además, la vigencia del contrato fue firmada desde el 1 de mayo del año 2019 hasta el 30 de junio del 2022; una vez terminado este periodo de contratación, el proveedor se comprometía a entregar en propiedad a través de donación al Gobierno estatal, a través de la SSP, "la totalidad de los bienes arrendados y elementos necesarios para su funcionamiento, esto siempre y cuando el contratante cubra la totalidad de las rentas". Lo cual no ocurrió.

 SOLO TRES PAGOS

En la primera semana de abril del 2022, El Siglo de Durango nuevamente volvió a recurrir a solicitudes de información para conocer el avance del arrendamiento que permitiría concretar la compra del equipo de videovigilancia; para ello, se pidió mediante el folio 100178100006022 acceso a los comprobantes de pago realizados por dicho concepto.

La SSP confirmó, mediante copias de transferencias electrónicas, que solamente se habían efectuado tres de los 32 pagos comprometidos en el contrato. Tal como estaba firmado, cada erogación fue de cinco millones 556 mil 762 pesos; la primera fue efectuada el 3 de agosto, la segunda fue el 4 de septiembre y la tercera fue el 30 de septiembre. Todas del año 2020.

Es decir, de un contrato por 177 millones 816 mil 399 pesos, el Gobierno del Estado, a través de la SSP, solamente pagó 16 millones 670 mil 287 pesos; ni siquiera el 10 por ciento de lo establecido en el contrato de arrendamiento.

Lo que significa, a su vez, que mantiene un adeudo de 161 millones 146 mil 112 pesos de lo que se firmó en el contrato, desconociéndose si esto le implicaría a la SSP gravámenes por intereses u otras penalizaciones.

El Siglo de Durango intentó también obtener información en dos ocasiones directamente con la empresa Interconecta, S. A. de C. V., a través de su única vía de contacto con la que cuenta en su portal de internet que es el correo electrónico, cuestionando sobre el estatus de adeudo y posibles procedimientos legales por dicho motivo; pero no hubo respuesta.

Entre los pocos datos que se pueden obtener de dicha empresa, que según el contrato tiene su domicilio en el segundo piso de un edificio ubicado en la colonia San Ángel de la Ciudad de México, se pudo apreciar que desde el año 2003 ha accedido a cuando menos 41 contratos de diferentes instancias públicas por montos que van desde los 34 mil 800 pesos, con el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, en julio del año 2015; hasta los 81 millones de pesos con ese mismo organismo, en febrero del año 2021.

Pero no se encontró en la plataforma de CompraNet, donde se actualizan todos los procedimientos de licitación y adjudicación de entes públicos, evidencia de algún contrato por más de 177 millones de pesos como al que accedió con el Gobierno de Durango.

 FUNCIONAN AL 85%

Al ser cuestionada sobre el funcionamiento de las cámaras de videovigilancia recientemente adquiridas, la actual titular de la SSP, Iliana Alvarado Salinas, señaló que actualmente se tiene un monitoreo aproximado de un 85 por ciento en su rendimiento.

"Si bien es cierto este tipo de equipamiento requiere un mantenimiento constante, necesitamos un seguimiento, pero estamos cubiertos en un 80 a 85 por ciento en todo el estado", dijo la funcionaria en entrevista con este medio.

Sobre el adeudo que se tiene por el arrendamiento, dijo que están trabajando en coordinación con la Secretaría de Finanzas del Estado con ajustes presupuestales para darle seguimiento a este cumplimiento.

"Nos encontramos en esos ajustes. La Secretaría de Finanzas se encuentra en los trámites correspondientes para llevar a cabo el cumplimiento del pago", complementó.

A la par, dijo que aunque en el contrato se fijaron posibles procedimientos por incumplimiento de contrato de alguna de las dos partes, a la fecha la SSP no ha sido demandada por dicho motivo.

La diputada local Sandra Amaya, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado, manifestó hace unas semanas el interés de citar a comparecer a la titular de la SSP para conocer, entre otros aspectos relacionados con la seguridad de la entidad, el estatus de las 256 videocámaras que presuntamente fueron adquiridas hace tres años. Lo que podría implicar posteriormente la presencia de la funcionaria en el recinto legislativo para explicar todo este tema a los diputados.