El IMSS-Bienestar llamó a ocho gobiernos estatales de oposición, entre ellos Durango y Coahuila a ofrecer una propuesta para la basificación definitiva de trabajadores de la salud que tenían contratos eventuales con el extinto Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).
En ambas entidades, se estima que hay mil 167 profesionales sanitarios en dicho esquema y de ellos, unos 397 son de La Laguna. La mayoría, fueron contratados durante la emergencia sanitaria por Covid-19.
El Gobierno federal informó que de 2020 a 2023, estuvo vigente el Programa Presupuestario E023 conocido como "Atención a la Salud" que era manejado por el Insabi y en el cual se apoyaba a los gobiernos estatales para la contratación de recursos humanos en los hospitales, entre otras cosas, para la atención de la pandemia por Covid-19.
No obstante, señalaron que los estados que no se suscribieron al IMSS-Bienestar no participan en el proceso de basificación del personal además de que oportunamente, conocieron la imposibilidad de seguir recibiendo apoyos federales en materia de recursos humanos, infraestructura, medicamentos y equipamiento médico, en el entendido de que ellos se harían cargo de manera directa.
Las entidades que no aceptaron la federalización de los servicios de salud fueron Durango y Coahuila, gobernados por el PRI, así como Yucatán, Guanajuato, Chihuahua, Querétaro y Aguascalientes, de gobierno panista y Jalisco, de Movimiento Ciudadano.