A lo largo de 2025, los alcaldes estuvieron en la mira criminal. Siete fueron asesinados en cuatro estados: tres en Michoacán, dos en Oaxaca, uno en Guerrero y uno más en Hidalgo.
El 15 de mayo fue asesinado Mario Hernández, de Santiago Amoltepec, en Oaxaca. Fue emboscado cuando viajaba en una camioneta de la policía municipal. El 28 de mayo fue baleado Isaías Rojas Ramírez, alcalde de Metlatónoc, Guerrero, cuando circulaba por la Autopista del Sol. Cinco días después falleció por las heridas.
Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, fue, sin duda, el caso que mayor repercusión tuvo a nivel nacional. Fue ejecutado la noche del 1 de noviembre durante la inauguración del Festival de las Velas por un joven menor de edad. El momento quedó grabado en video. Semanas antes había reclamado al gobierno federal el retiro de las fuerzas de seguridad del municipio.
En varios casos, las víctimas tenían guardaespaldas o estaban en lugares vigilados, lo que no impidió que los criminales atacaran y, en su mayoría, se dieran a la fuga.
"Para los cárteles es importante el control de los gobiernos municipales, porque desean tener bajo su órbita las direcciones de policía, las de tránsito, y en casos extremos, a las direcciones de obra pública porque manejan un presupuesto robusto que sirve a los intereses de los cárteles", comenta David Saucedo, especialista en seguridad, al hablar sobre la vulnerabilidad de los alcaldes y de la presión que ejercen los grupos criminales.