Denuncian red de extorsión en La Laguna de Durango

En una declaración conjunta, los sectores productivos de la Comarca Lagunera de Durango han lanzado un llamado urgente a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para frenar lo que califican como una red de extorsión institucionalizada que amenaza la estabilidad económica y social de la región.

Campesinos, ganaderos, transportistas, comerciantes, avicultores, agricultores, prestadores de servicios y trabajadores independientes han denunciado que continúan siendo víctimas de cobros ilegales y amenazas por parte de operadores vinculados al sindicato CATEM y presuntos grupos del crimen organizado.

Según el comunicado, estas prácticas se han disfrazado bajo el nombre de "cuotas sindicales", pero en realidad constituyen un "cobro de piso" sistemático. Quienes se niegan a pagar enfrentan represalias que van desde intimidaciones hasta agresiones físicas.

Entre las acciones señaladas como extorsivas destacan cobros por tonelada de material de construcción transportado; cuotas por movilización de ganado; intimidación para apropiarse de obras públicas y privadas; pagos forzados a comerciantes, taqueros y pequeños negocios; control exclusivo e ilegal de la venta de pollinaza; "Huachicoleo hídrico" con cobros de hasta 20 mil pesos por hectárea; imposición de precios y distribución en el mercado de silo forrajero y alfalfa; control ilegal de los Módulos de Riego; extorsión sistemática en operativos de alcoholímetros con injerencia delictiva.

La denuncia no se limita a las ciudades de Gómez Palacio y Lerdo. Los afectados aseguran que el "impuesto criminal" se ha extendido a municipios como Tlahualilo, Mapimí, San Pedro del Gallo y Cuencamé, entre otros.