La transparencia en México no se abolió de un solo golpe ni con sesiones legislativas estridentes; más bien, fue desmantelada de manera sistemática y calculadamente en sigilo, entre reformas técnicas, discursos de austeridad y la imperante necesidad de una clase política por retroceder a la conveniente opacidad.
El extermino de los organismos autónomos garantes del acceso a la información no es parte exclusiva del proyecto político de la 4T, pues llega y se acomoda en el mejor momento para los estados donde aún gobiernan otros partidos políticos; donde no se toleran contrapesos ni una ciudadanía con herramientas efectivas para exigir cuentas.
Durante años, instituciones como el INAI y sus equivalentes estatales incomodaron a gobiernos. Su pecado no fue la ineficiencia, sino la independencia. Gracias a ellos se conocieron desvíos multimillonarios, redes de corrupción y decisiones tomadas en la opacidad. Sin estos organismos, el derecho a saber deja de ser una garantía constitucional para convertirse en una promesa sujeta a la voluntad del gobernante.
El poder político decidió trasladar las funciones de transparencia a dependencias del Estado, lo que implica que, ahora, los gobiernos serán juez y parte, supervisor y supervisado, garante y potencial infractor. En Durango, esa aberrante regresión democrática se replica sin el menor debate público.
La extinción del Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales se aprobó con el argumento de armonizar la legislación con la reforma federal. Sin embargo, la armonización no justifica la renuncia voluntaria a la autonomía, menos cuando el costo del IDAIP representaba apenas el 0.05 por ciento del presupuesto estatal.
El caso es que, por donde se les pueda ver, los órganos garantes no eran un problema financiero, sino un problema político. Se insiste en que las obligaciones de transparencia permanecen intactas y que se garantiza el acceso a la información. No obstante, sin un órgano independiente que resuelva controversias y ordene la entrega de información, las negativas se multiplican y los silencios administrativos se normalizan.
Investigar actos de corrupción se volverá cada vez más difícil; los ciudadanos solo encontrarán obstáculos para saber cómo se ejercen sus impuestos. Miles de personas que lograron acceder a expedientes clínicos, contratos públicos o información sensible gracias al INAI y a los institutos locales, hoy quedan a merced de oficinas gubernamentales poco dispuestas a exhibir sus propias fallas.
Los gobiernos cierran sus cortinas, reduciendo el margen a la exigencia ciudadana y extinguiendo mecanismos que fortalecían la rendición de cuentas. Preguntar les estorba. Exigir les incomoda. Fiscalizar les molesta. Cuando un gobierno empieza a considerar incómodos los derechos ciudadanos, el problema ya no es la transparencia, sino es la democracia misma.
EN LA BALANZA.- Mientras el Gobierno de Durango presume disciplina financiera y cifras históricas de recaudación, los empresarios locales siguen esperando que se paguen las facturas pendientes. La exigencia de Coparmex se contrapone al discurso halagüeño que habla de orden en las finanzas públicas, cuando el Estado convierte a sus proveedores -sobre todo a las micro y pequeñas empresas- en financiadores forzosos de su operación. Si pagar prestaciones y cumplir contratos tienen el mismo "nivel jerárquico", como afirmó el Secretario de Finanzas, entonces el incumplimiento no es un problema de recursos, sino de prioridades. Y en esa ecuación, la narrativa de recuperación económica pierde credibilidad cuando se sostiene a costa de la liquidez, el empleo y la supervivencia de quienes mueven la economía local.
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