El gran hermano
Los regímenes autoritarios, por definición, tienen control sobre la población. El control puede darse de muchas maneras, pero tal vez el más importante tiene que ver con el endurecimiento del marco institucional, las leyes vigentes, para hacerlas compatibles con los objetivos del régimen y hacer mucho más difícil o incluso imposible el ejercicio de derechos: asociación, libre manifestación de ideas, acceder a información gubernamental, etc.
Ejemplos a lo largo de la historia sobran, el camino ha sido probado una y otra vez. El control social pasa por hacer funcional el marco institucional a los objetivos del régimen, moldeando el comportamiento social para que no haya "desviaciones" a lo que cada régimen autoritario considera como "correcto" para cada tiempo y coyuntura histórica.
En China desde hace más de una década existe el llamado "sistema de crédito social" que hace una compilación del comportamiento de las personas, desde cuestiones que en otros contextos pudieran ser irrelevantes, pero que muestran la educación cívica de las personas, como no respetar el tiempo asignado para utilizar un cruce peatonal, hasta hechos más relevantes que dificultan las interacciones sociales de una persona, como estar acusado de algún delito o no pagar un crédito.
Al tener un sistema de vigilancia en muchas dimensiones, el gobierno chino tiene el control de sus ciudadanos. En la práctica, el gobierno chino funciona como un "gran hermano", que tiene como herramientas desde videocámaras en prácticamente todos los rincones de las grandes ciudades chinas hasta la vigilancia y censura del espacio digital, internet, redes sociales, etc.
Aquellos que tienen conductas se apartan de lo que el régimen considera como socialmente aceptable, disminuyen su puntaje en el "sistema de crédito social" y por lo tanto pueden encontrarse sujetos a sanciones, como, por ejemplo, no pueden salir de determinada zona geográfica, etc.
En México avanza en el Congreso de la Unión la aprobación de un marco legal que obligará a los mexicanos a la obtención de una Clave Única de Registro de Población (CURP) biométrica, que, en conjunto con otras medidas como el registro de usuarios de telefonía celular, otorgará al estado la capacidad de vigilar, en tiempo real, todo lo que hace un ciudadano, sin tener el consentimiento explícito de cada uno de nosotros para hacerlo.
Independientemente de que algunas de las medidas que se proponen ya han sido declaradas inconstitucionales en el pasado y de que la legislación propuesta no incluye controles judiciales para realizar la extracción de datos personales del sistema centralizado que se quiere implementar, existe un récord muy pobre de parte de los gobiernos federales anteriores para resguardar los datos personales de los mexicanos.
Recordemos que recientemente han sido puestas a la venta las bases de datos del Instituto Nacional Electoral, con los datos personales, incluidas huellas dactilares, de decenas de millones de personas.
Si toda la información que quiere recabar el gobierno federal se podrá consultar por agencias gubernamentales (incluso de gobiernos locales) sin controles judiciales, o en su defecto, con un sistema judicial a modo, no hay duda que los abusos del régimen comenzarán más pronto que tarde.
Nos quieren imponer la narrativa de que estos sistemas son necesarios garantizar la seguridad de todos, que son necesarios para tener más información en casos de desapariciones; sin embargo, detrás de esta narrativa está la intención de construir las capacidades del gobierno para que, de ser requerido, toda esta información se pueda utilizar para vigilar, amenazar y controlar a las y los ciudadanos que incomoden al régimen.
X: @jesusmenav