Hostigamiento e intimidación en cobranza ya son delito en Durango
El Congreso del Estado aprobó por unanimidad la reforma al Código Penal para establecer el delito de cobranza ilegítima, con el objetivo de proteger a la ciudadanía de prácticas abusivas, intimidatorias y fuera del marco legal.
La iniciativa que analizó la Comisión de Justicia la presentó en su momento la diputada local Sughey Torres Rodríguez, con el objetivo de proteger a las personas que, por diversas circunstancias, han incurrido en morosidad, frente a actos de cobranza extrajudicial realizados por particulares, que al pretender ejercer un derecho recurren a prácticas de coacción y amenazas.
Entre las conductas más comunes que se busca erradicar se encuentran llamadas en horarios nocturnos, de madrugada o fines de semana, el envío de cartas intimidatorias a domicilios y centros de trabajo, así como la simulación de documentos o actos judiciales o administrativos, atribuyéndose facultades que corresponden exclusivamente a una autoridad.
Durante la discusión del dictamen los legisladores reconocieron que, si bien en los últimos años se ha incrementado la celebración de operaciones financieras, como compraventas, inversiones, financiamientos o préstamos, también ha aumentado el número de adeudos impagados, lo que ha dado lugar a la intervención de despachos de cobranza. No obstante, subrayaron que dicha labor debe realizarse dentro de los límites legales y con respeto a los derechos humanos.
En este sentido, señalaron que diversas prácticas de cobranza han sido cuestionadas por su falta de ética y legalidad, al recurrir a amenazas, hostigamiento, presión psicológica y divulgación indebida de información personal, lo que representa una violación a los derechos fundamentales de las personas.
Cabe destacar que estas conductas no solo generan afectaciones legales, sino también impactos psicológicos y sociales, como altos niveles de estrés, ansiedad y afectaciones a la estabilidad familiar y económica, por lo que la tipificación de la cobranza ilegítima constituye un avance significativo en la protección de los derechos de los duranguenses.