Impugnan Senadores y Diputados 26 candidaturas al Poder Judicial, entre ellas a uno de Durango

Los presidentes de la Cámara de Senadores y Diputados de México, Gerardo Fernández Noroña y Sergio Gutiérrez Luna, respectivamente, impugnaron formalmente este domingo al Instituto Nacional Electoral (INE) la candidatura de 26 aspirantes al Poder Judicial, 18 de ellas por señalamientos graves.

Entre los nombres que aparecen en la lista de cancelación del registro por no tener buena reputación aparece Leopoldo Javier Chávez Vargas, candidato a juez en Durango, quien figura en los registros del Buró de Prisiones de Estados Unidos (BOP) como exconvicto.

Chávez Vargas, identificado con el número 99757379, cumplió una condena en una prisión federal estadounidense hasta junio de 2021; según diversas fuentes, este habría sido arrestado el 13 de noviembre de 2015 en el Lincoln Juárez International Bridge, acusado por tráfico de metanfetaminas, las cuales transportaba escondidas en un extintor.

En su perfil dentro de la página del INE, señala que cuenta con estudios en derecho y un diplomado en juicios de amparo, además de estar cursando una maestría en juicios orales e incluso, el mismo ha asegurado en entrevistas haber colaborado con la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos mientras que en lo que a política respecta, afirma haber trabajado en el pasado como asesor en el municipio de Nuevo Ideal.

Otras 17 personas enlistadas no cumplen con el requisito constitucional de "gozar de buena reputación" por estar vinculadas a investigaciones penales federales vigentes, incluyendo delitos graves como abuso sexual, peculado, amenazas, lesiones y delincuencia organizada. Además, ocho candidaturas más no cumplen con el promedio general de calificación en licenciatura de cuando menos ocho puntos.

El informe presentado ante el INE se "acredita la existencia de carpetas de investigación y órdenes de aprehensión contra algunas de estas personas" y también se documenta que algunas de ellas "han actuado como defensores de individuos relacionados con el crimen organizado", lo cual compromete su imparcialidad y representa un conflicto de interés."La elección por voto popular no exime del cumplimiento de los requisitos éticos y constitucionales para acceder a la función judicial”, señaló Gutiérrez Luna e insistió en que la idoneidad no es solo una cuestión legal, sino un imperativo ético para proteger la legitimidad del Poder Judicial.

Por otra parte, en las candidaturas impugnadas por elegibilidad académica que corresponden a cargos de juezas, jueces y magistrados en distintos circuitos y salas del país, los promedios documentados van de 7,0 a 7,93.

"Esto afecta directamente la idoneidad de las personas aspirantes y demuestra un incumplimiento de las bases legales del proceso", dijo. "La exigencia académica no es un trámite, sino un parámetro mínimo de calidad profesional y ética", agregó Gutiérrez Luna.Solicitaron al INE proceder a la cancelación de los registros de estas candidaturas para, dijeron, "preservar la integridad, imparcialidad y confianza pública en quienes serán responsables de impartir justicia en el país".