N Ada mejor que para cerrar el año -hablando del contexto político- que con una discusión sobre la pertinencia de una ley como la que se acaba de aprobar en San Luis Potosí, que obliga a los partidos a que postular mujeres a los cargos públicos en la elección de 2027 en ese estado y, derivado de esta aprobación, de discutir la importancia de contar con instituciones sólidas que garanticen el ejercicio de derechos, en este caso derechos políticos, a todas y a todos los ciudadanos del país.
La batalla por el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres, ha sido una lucha de larga data en nuestro país. Las primeras mujeres diputadas y gobernadoras de hace varias décadas fueron la punta de lanza para alcanzar la paridad de género que hoy está plasmada en la Constitución y en las leyes electores, que obligan a los partidos políticos a presentar candidatas en la mitad de los puestos de elección popular. Así, la implementación de la paridad de género se traslada a la lucha política de mujeres y hombres -y los grupos apoyan a cada uno- al interior de los partidos políticos, que tienen la obligación de elegir entre sus mejores perfiles -mujeres y hombres- y de esa manera equilibrar las candidaturas que presenten para las elecciones federales, o en su caso locales.
Cuando ya está implementada una fórmula para garantizar que la mitad de las candidaturas van a ser ocupadas por mujeres, ¿cuál es pertinencia de contar a nivel local con una ley como la que se aprobó en el Congreso de San Luis Potosí?
Es aquí en donde quisiera centrar el argumento de esta entrega, estimada lectora, estimado lector. ¿Los cambios constitucionales que ha promovido el nuevo régimen han dado como resultado mejores instituciones para defender los derechos de los ciudadanos? Hasta ahora la evidencia que tenemos nos dice que las instituciones de impartición de justicia no harán un mejor trabajo que sus antecesores defendiendo los derechos de los ciudadanos. Dado el desaseo de todo el proceso de la reforma judicial, incluyendo la farsa de una elección judicial, que alineó los órganos de justicia a los intereses del nuevo régimen, que se muestra nítidamente con la integración de militantes del régimen en el máximo órgano de justicia del país, es claro que los ciudadanos no tenemos garantías de una impartición de justicia con garantías mínimas de imparcialidad.
Eventualmente la discusión de la pertinencia y la utilidad pública de una ley local de este tipo en San Luis Potosí se dará en las instancias jurisdiccionales creadas por el nuevo régimen y es aquí en donde, seguramente, lo único que será interesante identificar es a que ala del régimen están alineados los impartidores de justicia. Ya será tarea de los expertos en derecho constitucional analizar la contundencia de los argumentos jurídicos que ofrezcan los integrantes de las instancias jurisdiccionales. Lo importante es que, seguramente, esos argumentos jurídicos no se distanciarán mucho de las posiciones del ala del régimen a la que apoyan. La Presidenta se ha distanciado públicamente de leyes como lo que se aprobó en San Luis Potosí. Los integrantes de su coalición política apoyan una ley que busca ventajas en una coyuntura política. Imagine usted, estimada lectora, estimado lector, ¿qué premio de lotería es mayor, en el México de hoy, al potencial monto de recursos que representa para una familia tener el poder de manejar el presupuesto público de un estado por más de una década?
A través de las últimas décadas, en México hemos conocido decenas de ejemplos de esto a nivel municipal, generalmente en municipios marginados. Un Presidente Municipal hereda el cargo a sus hijas o hijos, luego a su esposa, y finalmente regresa al poder quién comenzó el proceso. La diferencia es que a nivel estatal el monto de recursos públicos es mucho mayor que en un municipio marginado del país controlado por un cacique local y su familia. De ahí el interés por mantenerse en el poder como grupo a través de las únicas personas que le ofrecen al gobernante la mayor seguridad de no traicionarlo: su familia.
La construcción de un entramado institucional que pudiera garantizar, al menos de manera mínima, el ejercicio de derechos políticos fue una demanda de décadas por parte de las personas que a partir del año 2000 tuvieron el poder y también de quienes hoy forman parte del nuevo régimen.
A partir de varias reformas electorales negociadas en las últimas décadas del siglo XX por la entonces oposición con el régimen priista, se institucionalizó un sistema administrativo y jurisdiccional que pudiera proporcionar, al menos, cierto grado de independencia y capacidad técnica que hicieran posible pensar en árbitros electorales con un grado de legitimidad mínimo para que las partes en conflicto por derechos político - electorales, aceptaran el resultado de estas instancias.
Lamentablemente, el nuevo régimen lleva siete años socavando y cooptando estas instituciones, hasta que las modificó por completo de acuerdo a sus reglas e intereses, lo que derivó en una nueva conformación de estos órganos por personas quienes discutirán y eventualmente rechazarán o aprobarán estas reformas en función de los intereses del ala del régimen que tenga mayores elementos para influir en ellas y ellos, independientemente de la calidad y solidez de sus argumentos jurídicos.
Estamos ya en la víspera de la celebración de la navidad y de todo corazón les deseo a las y los lectores de El Siglo de Durango que pasen una muy feliz temporada navideña en compañía de su familia y seres queridos.
X: @jesusmenav
Olorosa a piano y a misal
En una mano llevaba el solfeo
Y en la otra mano el chal.
Una tarde lluviosa
Sonriéndose dio un giro
Veloz de mariposa,
Y en sus piernas,
Erguidas, blancas rosas
Descubiertas al vuelo del vestido,
Dejé mi amor prendido
A aquella colegiala primorosa.
Nunca le hablé, porque pensaba en ella
Lo mismo que pensar en una estrella,
Pero en las hojas de mi catecismo
Escribía con grave misticismo
Las letras de su nombre. Yo era un niño,
Y ella era una flor primaveral
Con ojos de gacela
Y perfumes de piano y de misal.
¡Hasta mañana!...