En los últimos años, cada que reaparece el senador Alejandro González Yáñez, mejor conocido como "Gonzalo", es porque se acerca una elección o de plano para realizar alguna declaración incendiaria que le permita estar vigente, ya que por su trabajo hace muchos años no es así.
Hace unos días, el legislador del Partido del Trabajo (PT), subió a tribuna para presentar una iniciativa para crear el Sistema Nacional de Comunicación del Estado Mexicano, es decir, un conglomerado de televisión, radio y periódico para que el Gobierno de la 4T pueda hacer frente al "combate mediático" de los "medios capitalistas y de derecha", dijo.
Sí, según el petista, el Gobierno Federal más poderoso y popular de la historia reciente del país requiere "defenderse" de los medios de comunicación críticos, a pesar de que durante los últimos siete años ha utilizado durante todos los días las conferencias matutinas ("mañaneras") para atacar a los que considera periodistas incómodos o no simpatizantes a su movimiento.
El senador reconoció que, aunque ya existen medios como Canal 11, Canal 14 y Canal 22, no son suficientes y que, también habría la necesidad de crear un nuevo periódico nacional y una nueva plataforma digital del Estado Mexicano, así como una nueva agencia de noticias para poder difundir las "maravillas" de la 4T.
Parece que el Senador no sabe que, gracias a la Cuarta Transformación, la agencia de noticias del Estado, Notimex, esa que durante décadas funcionó a la perfección, se fue a huelga y terminó por desaparecer debido a los malos manejos de su exdirectora, Sanjuana Martínez, a quien López Obrador puso ahí como premio por ser simpatizante.
Lo que podría parecer una mala rutina de comedia del Senador petista, no es más que una advertencia de lo que la 4T está haciendo contra medios, periodistas y ciudadanos que se atreven a criticarlos.
Y es que todo parece indicar que en la 4T ya no quieren a los críticos que les ayudaron a destapar las corruptelas de antes, ahora solo quieren a los aplaudidores.
A nivel nacional se presentaron dos casos en los últimos días que resultan preocupantes y alarmantes para medios de comunicación y quienes ejercen la libertad de expresión.
En Michoacán ya hubo el caso de una persona detenida por "atacar el honor" en redes sociales. El delito fue clasificado como "ataques al honor a través de medios cibernéticos" contra un servidor público del municipio de Nuevo Parangaricutiro.
La Fiscalía de dicho estado afirmó que una mujer, identificada como Cristina "N", administraba perfiles apócrifos en Facebook para difundir publicaciones ofensivas contra el funcionario, por lo que un juez autorizó la orden de aprehensión. Sí, el uso de redes sociales fue suficiente para que la mujer fuera detenida.
Además, está el caso del reportero Rafael León Segovia, en Veracruz, donde la Fiscalía lo acusa de terrorista, sí, así como suena. El "delito" del periodista fue documentar los hechos de sangre que ocurren en aquel estado y por eso fue acusado de encubrimiento y delitos contra instituciones de seguridad.
Resulta inverosímil que, en un país donde explotan "coches bomba", donde los cárteles atacan a policías con drones ecplosivos y minas, la autoridad se empeña en negar que eso sea terrorismo, pero cuando un periodista se atreve a denunciar la realidad, los gobiernos autoritarios usan todo el aparato en su contra.
Y ni qué decir de los casos de "Dato Protegido" (esposa de Sergio Gutiérrez Luna) o de Gerardo Fernández Noroña, quienes ya obligaron a ciudadanos a disculparse en redes sociales y públicamente, en el Senado, por haber tenido la osadía de criticarlos a pesar de ser funcionarios.
Así que el "stand-up" de Gonzalo Yáñez no es para tomarse a la ligera, pues es una advertencia de lo que pretende el grupo en el poder ante aquellos que se atrevan a exhibir a los malos gobiernos de la 4T.
Lo que es un hecho es que, de poco le servirá al Gobierno Federal tener medios de comunicación propios con clientes como el mismísimo "Gonzalo", quien tiene un largo historial de contratar espacios de publicidad para sus campañas políticas y luego no pagar, hasta que lo obligan tras perder un juicio legal.