Sanción. La autoridad judicial determinó inicialmente la sentencia de privación de su libertad contra la mujer que encabezó este hecho, así como reparación de daño y multa.
Mediante juicio oral, la autoridad judicial dictó sentencia condenatoria en contra de Silvia Hernández Morán por el delito de extorsión agravada, imponiendo la pena de ocho años de prisión, el pago de una multa, así como la reparación del daño a favor de la víctima.
Lo anterior, luego de la investigación realizada por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción mediante la cual la agente del Ministerio Público, a través de diversos testigos, pruebas periciales e informes de la Policía Investigadora, probó en audiencia más allá de toda duda la responsabilidad de la ahora sentenciada.
Durante la audiencia se estableció que Hernández Morán, en contubernio con dos elementos de la Policía Investigadora de Delitos (PID), perteneciente a la Fiscalía General del Estado, obligó a la víctima a reconocer un adeudo de 300 mil pesos por la supuesta enajenación de un terreno, del cual Silvia argumentaba ser dueña; siendo falso este hecho, pues se comprobó que el inmueble fue adquirido y pagado conforme a derecho al anterior propietario.
La sentenciada obtuvo de forma ilícita que la víctima le entregara la cantidad de 70 mil pesos, generando con esto un perjuicio patrimonial y psicológico del denunciante, ya que fue coaccionado por los policías en mención mediante la amenaza de ser golpeado, "desaparecido" o internado en el Centro de Reinserción Social (Cereso).
Sin embargo, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción no especificó el estatus legal de los agentes investigadores de la Fiscalía que están involucrados en este hecho.