Por bullying, secundarias de Durango se mantienen con mayor incidencia de quejas
Las escuelas secundarias se mantienen con una alta incidencia de quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) este año, junto con la Agencia del Ministerio Público y la Policía Investigadora de Delitos de la Fiscalía General del Estado, así como el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Dirección Municipal de Seguridad Pública.
“Son las principales autoridades con quejas, decir que sí tenemos una disminución en relación al año pasado a estos meses, del 18 por ciento, creo que eso es representativo”, informó la presidenta de dicho organismo autónomo, Karla Alejandra Obregón Avelar.
Expuso que en lo que va del año van 835 quejas en total, en las tres visitadurías del estado.
En tal sentido, afirmó que se han llevado a cabo acciones con el fin de reducir la incidencia de violaciones a los derechos humanos.
“Informar que hemos estado haciendo programas especializados en el caso de las corporaciones, sobre todo en Fiscalía y Dirección de Seguridad Pública Municipal y queremos diseñar algo muy especial para las instituciones educativas derivado de que ha habido un incremento muy importante en este año de quejas en relación a instituciones educativas”, manifestó.
Y dijo que los casos de violencia entre los alumnos son el principal motivo por el que acuden los ciudadanos a presentar alguna queja a la Comisión, contra secundarias.
“La principal queja es el bullying entre los niños y la falta de atención o el desconocimiento de las autoridades estatales sobre cómo atender este tipo de casos y cómo prevenirlos”, estableció.
Cifras
Las escuelas secundarias registran 74 quejas, de acuerdo con la última actualización de la estadística de la CEDH, mientras que la Policía Investigadora de Delitos tiene 70, la Agencia del Ministerio Público 69, el Instituto Mexicano del Seguro Social 43 y la Dirección Municipal de Seguridad Pública 41.
En su mayoría, las personas agraviadas son mujeres y la principal violación a los derechos humanos es: faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones, empleos, cargos o comisiones, por parte de los servidores públicos señalados.