Fiscalía de la Ciudad de México le pide a 'C4 Jiménez' sus fuentes, ¿cuál es el motivo?
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) desató una fuerte polémica al solicitar formalmente al periodista Carlos “C4” Jiménez que revele la identidad de la persona que le proporcionó un video utilizado en una de sus transmisiones.
El caso ha encendido el debate sobre los límites de la autoridad frente al trabajo periodístico y la protección de las fuentes, un principio básico para el ejercicio de la libertad de expresión.
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¿Qué exige exactamente la Fiscalía?
De acuerdo con el oficio que el propio Jiménez hizo público, la Fiscalía le pidió entregar una copia del video difundido en su programa “C4 en alerta” en un plazo de 48 horas. Lo que detonó la controversia no fue la solicitud del material, sino que la dependencia también exigió que entregara los datos de contacto, nombre y procedencia de la fuente que se lo proporcionó, algo que medios, especialistas y organizaciones consideran una intromisión indebida.
Esta solicitud se suma a una tensión previa entre el periodista y la fiscalía. Jiménez ha acusado a la titular de la Fiscalía de Delitos Sexuales de intentar censurarlo después de que él difundiera casos en los que, según su versión, la institución habría fallado en la atención a víctimas.
También afirmó que existe una orden para detenerlo por 36 horas, lo que él interpreta como una forma de intimidación derivada de su labor informativa.
La fricción entre ambas partes escaló luego de que el periodista exhibiera un video relacionado con un caso en el que la actuación de la Fiscalía fue cuestionada. Desde entonces, sostiene que las autoridades buscan presionarlo mediante acciones administrativas y judiciales.
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¿Qué sigue en este caso?
La controversia continúa mientras la Fiscalía mantiene su postura y el periodista sostiene que cumplirá con la entrega del video, pero no con revelar a su fuente. El caso deja abierta una discusión sobre la relación entre instituciones de seguridad y el periodismo, especialmente en situaciones donde las investigaciones oficiales se ven cuestionadas públicamente.
La resolución de este encontronazo podría marcar un precedente sobre hasta dónde pueden llegar las autoridades sin transgredir la libertad de prensa y la confidencialidad informativa.