También hay extorsión institucional, acusa iniciativa privada

Al reconocer el esfuerzo nacional para homologar el delito de extorsión en todo el país, como paso indispensable para fortalecer el Estado de Derecho, proteger la actividad económica y garantizar condiciones de legalidad para quienes emprenden, invierten y generan empleo en México, Coparmex Durango demandó dar continuidad en el ámbito local.

De esta forma se estableció a través de un comunicado firmado por su presidente Francisco Esparza Martell, tras exponer que es necesario reconocer que la extorsión no solo se manifiesta desde la ilegalidad, sino también a través de prácticas que, desde el ámbito institucional, han desvirtuado la función regulatoria del Estado. "Cuando la aplicación de la norma se utiliza de forma discrecional; cuando inspecciones, multas o clausuras se convierten en mecanismos de presión o intimidación, se vulnera la libertad de empresa y se debilita el principio de legalidad".

"La extorsión es uno de los delitos que mayor impacto tiene sobre el sector productivo. Afecta de manera directa a micro, pequeñas y medianas empresas, inhibe la inversión, fomenta la informalidad y deteriora la confianza en las instituciones. Combatirla exige una visión amplia, responsable y de largo plazo", subrayó.

"Desde Coparmex Durango sostenemos que cumplir la ley no debe representar un riesgo para el empresario, sino una garantía de certeza jurídica. La regulación debe aplicarse con criterios claros, procedimientos transparentes y trato igualitario, evitando cualquier espacio a la arbitrariedad", se indicó.

Por lo que se consideró fundamental que la homologación del delito de extorsión se acompañe de acciones concretas a nivel federal, estatal y municipal.