La justicia debe ser imparcial, pronta e igualitaria, pero también debe impartirse sobre la base de investigaciones rigurosas. El caso de Anabel Reza, detenida desde hace nueve meses por su presunta participación en la sustracción de una bebé del Hospital Materno Infantil de Durango, ha llegado a un punto que pone en duda todas estas garantías.
La bebé Judith fue localizada con vida. Anabel, trabajadora externa de intendencia, fue vinculada a proceso bajo la acusación de haber facilitado información a la presunta responsable de extraer a la recién nacida por una puerta de emergencia. La familia, sin embargo, sostiene que es inocente y que existen inconsistencias en la investigación.
La prolongación del proceso judicial provoca tal desconfianza que una parte importante de la sociedad considera una injusticia la detención de Anabel. Y es que la investigación complementaria terminó y el proceso avanzó hacia el juicio oral; sin embargo, una audiencia importante, a realizarse esta semana, volvió a aplazarse por una supuesta intervención quirúrgica de la segunda presunta implicada.
El nuevo plazo apunta hasta el mes de octubre, cuando se estaría cumpliendo un año después de los hechos y las detenciones. Ciertamente, pueden existir razones legales o motivos de salud para posponer una audiencia; no obstante, el aletargado y enrarecido cauce del proceso mismo sigue dando pie a la desconfianza.
La parte más sensible está en la lucha de Perla Muñoz, hija de Anabel. Ella asegura haber revisado la carpeta, integrada por cuatro tomos, un verdadero legajo de incontables fojas, y sostiene que, junto con sus abogados, ha encontrado inconsistencias en la argumentación, mientras las declaraciones no responsabilizan a su madre.
Lo que menos ayuda a tener confianza en la justicia local es que Perla haya tenido que buscar intercesión fuera de Durango. Siente que dentro del estado no podrá encontrar una respuesta favorable. Ella, personalmente, buscó el acercamiento con la presidenta Claudia Sheinbaum para exponerle su caso. El gesto revela la desesperación de una hija que lleva meses luchando.
En teoría, la Fiscalía General del Estado de Durango, como habitualmente ocurre con las fiscalías de todo el país, tiene una responsabilidad doble: primero, investigar el delito; después, garantizar que no se fabriquen culpabilidades para cerrar un expediente. Como institución encargada de la procuración de justicia, debe ser capaz de sostener su hipótesis ante la defensa, los jueces y la sociedad.
La justicia no puede pedirle a una familia que espere indefinidamente. Octubre debe ser una fecha para avanzar, no otro punto de partida para una nueva postergación. Porque la justicia tardía ya es dolorosa; pero cuando, además, está rodeada de dudas, silencios e inconsistencias, termina alimentando precisamente aquello que una Fiscalía debería combatir: la desconfianza. Si Anabel es inocente, cada día de prisión será una deuda por la que el sistema deberá responder.
EN LA BALANZA.- La explicación de Óscar Galván sobre un civil armado y vestido con equipo táctico junto a una patrulla estatal en el Puente Baluarte resulta, cuando menos, difícil de digerir. Según el Secretario de Seguridad Pública, se trataba de un elemento de la corporación que simplemente se quitó el uniforme porque "tenía calor". Una justificación que, lejos de disipar las dudas, las amplifica y alimenta la incredulidad que ya se refleja en el humor social. Galván está, después del gobernador Esteban Villegas, entre los funcionarios que más explicaciones imprecisas y mentiras ofrecen en sus declaraciones. El titular de la SSP dio una explicación que parece más un intento por salir del paso que una respuesta convincente, como aquella de la supuesta "bolsita con monedas".
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