México dispone de abundante información sobre crecimiento, pobreza, empleo, seguridad, inversión y programas sociales. Cada semana aparecen cifras que permiten sostener que avanzamos y otras que alimentan la conclusión contraria. El problema ya no es la falta de datos. Es saber qué significan cuando se observan juntos. Una cifra describe una parte de la realidad; difícilmente explica, por sí sola, la condición del Estado.
Los programas sociales alcanzan a millones de mexicanos y los indicadores oficiales registran cambios importantes en la pobreza. Es un hecho que debe reconocerse. El contraste aparece cuando preguntamos si esa mejoría está acompañada por crecimiento, productividad, educación, salud y empleos capaces de hacerla sostenible.
¿Estamos reduciendo solamente carencias presentes o construyendo capacidades para que las personas dependan cada vez menos de la asistencia gubernamental? Una política social se fortalece cuando, además de aliviar necesidades, modifica las condiciones que las producen.
La seguridad ofrece otro contraste. Pueden disminuir los homicidios y mejorar determinados indicadores delictivos mientras organizaciones criminales conservan capacidad económica, territorial, logística y de intimidación. Contar delitos resulta necesario, pero insuficiente.
¿Está aumentando también la capacidad efectiva del Estado para ejercer autoridad, proteger comunidades e impedir que poderes ilegales condicionen mercados, territorios o instituciones? La verdadera medida del avance no está solamente en cuánto disminuye el delito, sino en cuánto aumenta la capacidad del Estado.
También debemos observar las instituciones. Poderes, fiscalías, tribunales y organismos públicos continúan funcionando formalmente; pero su existencia no demuestra fortaleza institucional. ¿Conservan autonomía, profesionalización y capacidad para cumplir su función, corregir desviaciones y limitar concentraciones de poder? Los gobiernos cambian; el Estado permanece. Por eso importa saber qué instituciones y capacidades recibirá quien tenga que enfrentar los problemas de mañana.
Un hecho reciente merece atención. El Ejecutivo propuso incorporar a Defensa Nacional, Marina y Seguridad y Protección Ciudadana a la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, además de establecer un procedimiento de escrutinio para determinadas operaciones que puedan representar riesgos o amenazas a la Seguridad Nacional. La iniciativa considera infraestructura estratégica, tecnologías críticas, insumos fundamentales e información sensible.
El contraste es significativo. Una materia tradicionalmente observada desde la economía comienza a examinarse también desde la Seguridad Nacional. Esto no convierte a la inversión extranjera en amenaza; reconoce que determinadas inversiones pueden afectar capacidades estratégicas.
¿Es solamente un cambio administrativo o estamos comenzando a comprender que economía, tecnología, infraestructura, información, defensa y seguridad forman parte de una misma realidad?
Si fuera lo segundo, estaríamos ante una manifestación concreta de Conducción Estratégica del Estado: relacionar lo que administrativamente aparece separado y valorar sus consecuencias antes de decidir.
El momento añade otra dimensión. México atraviesa la revisión del T-MEC y las conversaciones incluyen seguridad económica, reglas de origen, cadenas de suministro, acero, aluminio, automóviles y sectores estratégicos. El tratado sigue siendo comercial, pero sus implicaciones rebasan crecientemente el comercio. La integración económica está adquiriendo una dimensión estratégica que México necesita comprender antes de negociar.
Aquí aparece un contraste mayor. México necesita comercio, inversión, tecnología y acceso al mercado estadounidense; Estados Unidos persigue sus propios intereses económicos, políticos y estratégicos. La interdependencia produce beneficios, pero también dependencias y capacidad de presión.
¿Con qué diagnóstico, cohesión institucional, capacidades y margen de negociación llega México a esa mesa? La fortaleza frente al exterior comienza necesariamente en la consistencia interna.
Este es precisamente el espacio de la Seguridad Nacional: no convertir todo problema público en amenaza, sino advertir cuándo hechos económicos, políticos, tecnológicos o sociales pueden afectar intereses permanentes y capacidades nacionales. Y este es también el sentido de la Conducción Estratégica: integrar conocimiento, anticipar consecuencias y articular capacidades para orientar la actuación del Gobierno.
Los hechos, vistos aisladamente, pueden producir conclusiones parciales. Observados en conjunto, plantean una cuestión diferente. Bienestar, seguridad, fortaleza institucional, inversión extranjera y negociación comercial parecen asuntos separados porque distintas dependencias los administran. Para el Estado, sin embargo, sus efectos convergen. Una vulnerabilidad económica puede convertirse en presión política; una debilidad institucional puede disminuir capacidad negociadora; una dependencia tecnológica puede transformarse en vulnerabilidad estratégica.
Por eso quizá la pregunta ya no sea solamente si México está mejor o peor que ayer. Debemos preguntarnos si las decisiones actuales aumentan o disminuyen nuestra capacidad para enfrentar las condiciones de mañana.
Frente a presiones externas, vulnerabilidades internas y una integración norteamericana cada vez más estratégica, la pregunta resulta inevitable: ¿qué clase de Estado estamos construyendo para responder?
Buscar la realidad no consiste solamente en reunir datos; consiste en formular las preguntas correctas sobre lo que esos datos significan para el Estado.
* El autor de esta colaboración es General de División Estado Mayor y Maestro en Seguridad y Defensa Nacionales.