Lo que se hablaba ya en todos los pasillos que tuvieran que ver con el tema fue confirmado antier en La Mañanera en voz de la mismísima presidenta Claudia Sheinbaum Pardo: permitir el fracking en México. La medida abre nuevamente el debate: ¿la explotación de yacimientos no convencionales (eufemismo que ayer reiteradamente utilizó la doctora Sheinbaum para no pronunciar la palabra fracking, penada por Andrés Manuel López Obrador) con las consecuencias ambientarles o continuar en la ruta en la que el país depende en más de un 70% del gas natural importado de Estados Unidos.
Desde que volvió Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos el pasado 20 de enero del 2025, México ha tenido que vivir por varios periodos recientes a la zozobra de los caprichos de Trump quien ha tomado en reiteradas ocasiones como espada de Damocles, la amenaza de imponer aranceles a los productos que se exportan de México hacia su país, a sabiendas que los mexicanos tenemos un producto interno bruto que depende alrededor del 35 del comercio exterior y de éste al menos el 80% se vende con el vecino próximo del norte. Lo que quiere decir que casi un tercio (el 80% del 35% es un 28% total) de la economía nacional depende de lo que nos compren los norteamericanos. Con razón el presidente Trump tiene la sartén por el mango.
Pero ¿qué tiene que ver el comercio exterior con la explotación de yacimientos "no convencionales" de gas natural? Que no solo nuestra dependencia es del 70% del consumo de este energético en la república mexicana, sino que la dependencia de combustibles es más grave para México. Tan es así que en lo que se refiere a las reservas estratégicas de gasolina y diésel, éstas apenas cubrirían cinco días de consumo si se interrumpieran las importaciones.
Donald Trump no necesita aplicar aranceles para someternos; con cerrar la llave, nos paraliza en menos de una semana.
Desglosando un poco la situación, en México se producen entre 500 mil y 700 mil barriles diarios, pero sigue importando más de la mitad de lo que consume. En cuanto al diésel, la producción nacional ha aumentado con la refinería Olmeca, pero aún se importan 34 mil barriles diarios desde EE. UU. Lo mismo sucede con el gas LP, donde se importan volúmenes significativos.
Ahora bien, refiriendo específicamente al gas natural, el consumo ronda los 9,000 millones de pies cúbicos diarios, de los cuales 75-80% provienen también de EE. UU. principalmente de Texas.
Esta más que claro que no puede haber soberanía con tal dependencia, que, a diferencia de la comercial, es de tal magnitud que nos someten en apenas una semana. Estas condiciones no son de poco tiempo atrás. Desde el sexenio de Enrique Peña Nieto, donde se contempló una reforma energética que pretendía modernizar el sector energético sin privatizar recursos, convertir a Pemex y CFE en empresas productivas del Estado con mayor autonomía; abrir el sector a inversión privada en exploración, producción y generación eléctrica y aumentar la competitividad y atraer capital extranjero.
Todo ello fue echado por la borda en el gobierno de López Obrador, quien sencillamente canceló el ímpetu de modernización y prefirió el modelo anterior, el de que sostuvo el otrora partido de Estado, el PRI de antes del año 2000, lo cual trajo consigo las naturales consecuencias que significa la incertidumbre jurídica que terminó inhibiendo inversiones. Freno al ritmo en el desarrollo de energías renovables y eléctricas, reduciendo capacidad para satisfacer demanda, y hasta innecesarias tensiones comerciales con socios como EE.UU. y España.
Claro está entonces que la decisión de permitir fracking en México refleja la urgencia de reducir la vulnerabilidad energética frente a EE. UU., especialmente en gas natural. Sin embargo, el reto es enfrentar de mejor manera de riesgos ambientales y también de credibilidad política. Ya muchos vaivenes han mostrado México entre la apertura de Peña Nieto, la cancelación de AMLO y la nueva postura del actual gobierno, lo que puede ralentizar este nuevo y necesario capítulo de la extracción de hidrocarburos y gas por la minada confianza de inversionistas en el sector. Se tiene que trabajar mucho en ambos temas.
"Las moscas que atraen los doscientos treinta y ocho cadáveres vuelan alrededor de nuestros rostros. El forense las maldice e intenta ahuyentarlas. Falla. Están hambrientas y no dejarán pasar aquel festín de carne podrida (...) Cuando el forense baje rebotando al que fue sicario y se lo lleve para bañarlo en formol, la jaqueca ya me habrá orillado al vómito. Tendré que irme, pero el olor se me quedará pegado en la ropa y el pelo. No recordaré el nombre de los muertos, pero sí el zumbido de las moscas. Y cuando tome carretera comprenderé que si el infierno existe, el estacionamiento de la Fiscalía de Durango ha de ser una de sus estaciones." La espeluznante crónica del periodista Alejandro Almazán, "Carta desde Durango", publicada en la revista "Gatopardo", en agosto del 2011, es una fotografía del complejo problema de desaparecidos y fosas clandestinas que se encontraron en Durango y que hoy en día se reproduce en todo el territorio nacional.
De manera inopinada el viernes previo a la Semana Santa, en la mañanera, se dio a conocer un informe sobre la estrategia de búsqueda y localización de personas desaparecidas, el cual no dejó conforme a ONG´s ni a los colectivos de madres buscadoras. El régimen insiste en señalar que la mayoría de las desapariciones están relacionadas con ausencias voluntarias, pretendiendo minimizar la responsabilidad del Estado y que acotar el número de 43,128 personas desaparecidas en el país minimiza la dimensión de una crisis que tienen nombres propios y rostros.
El pretendido "sabadazo" de dar a conocer unas cifras de un mal que nos lacera como sociedad, en días previos al asueto para buscar que se diluyera en los llamados días de guardar generó indignación. Sin embargo, el gobierno mexicano no contaba que en pleno Jueves Santo se diera a conocer el informe del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU y que además solicitó al Secretario General de la ONU "que remita urgentemente la situación de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General" para que apoye a México "en la prevención, investigación, castigo y erradicación de este crimen".
Mal hace el oficialismo en manipular el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, en segmentar y reclasificar en grupos como "datos insuficientes" o "en proceso de verificación" para tratar de diluir artificialmente una estadística que les resulta incómoda.
En el año 2023, en la presidencia de AMLO, quien fuera la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana, renunció porque el titular del Ejecutivo ordenó realizar un nuevo censo de desaparecidos con el objetivo de reducir la cifra de reportes de personas desaparecidas y disminuir la gravedad del problema.
No abona en nada la actitud del gobierno mexicano que tras los señalamientos internacionales reaccione instaurando una narrativa de una impostada "soberanía nacional" y de tachar de injerencista a la ONU. Es indispensable que la Federación se abra a la asistencia técnica internacional para tratar de identificar a cientos de miles de personas, la mayoría hacinadas en fosas clandestinas. El sistema forense mexicano está colapsado y no se da abasto ante la magnitud de la tragedia que nos envuelve.
El gobierno mexicano debe actuar, en este tema, con humildad. Reconocer que el drama ha rebasado la capacidad del Estado y permitir apoyo internacional para encontrar y localizar personas es indispensable e impostergable. Ojalá actúe en consecuencia.