El caso de Rubén Rocha Moya volvió a encender el debate nacional sobre el narcotráfico, la violencia y la relación entre el crimen organizado y el poder político. Como suele ocurrir en México, el tema rápidamente cayó en la polarización: unos afirman que el país se descompuso con Morena; otros aseguran que todo comenzó con la guerra de Felipe Calderón.
Pero la realidad es mucho más compleja y, sobre todo, mucho más antigua. La crisis del crimen organizado no nació hace seis años ni hace veinte. México lleva más de cuatro décadas viendo cómo este fenómeno crece lentamente dentro de las debilidades del propio Estado.
Reducir el problema a un solo partido no sólo es políticamente cómodo; también impide entender la dimensión real de lo que enfrenta el país.
Durante los años setenta y ochenta, el narcotráfico todavía era visto como un fenómeno regional ligado principalmente al cultivo y tráfico de marihuana y amapola. Sin embargo, conforme aumentó el consumo de drogas en Estados Unidos, el tráfico de armas y cambiaron las rutas internacionales de la cocaína al pasar del Caribe al territorio nacional, México dejó de ser únicamente un país de paso para convertirse en una pieza central del negocio criminal global.
Ahí comenzó el verdadero punto de quiebre. Los grupos criminales dejaron de ser simples intermediarios y comenzaron a acumular enormes cantidades de dinero, armamento y capacidad de corrupción. Paralelamente, el viejo sistema político centralizado empezó a debilitarse.
La desaparición de estructuras de control como la Dirección Federal de Seguridad, la fragmentación política, las crisis económicas y la corrupción local abrieron espacios para que el crimen organizado penetrara corporaciones policiacas, ministerios públicos, alcaldías y gobiernos estatales.
El problema dejó de ser únicamente de seguridad. Se convirtió en un problema estructural. Y ahí todos los gobiernos tienen responsabilidad.
El PRI permitió durante décadas un sistema de corrupción y control político que toleró el crecimiento del narcotráfico mientras este no alterara la estabilidad del régimen.
El PAN, particularmente durante la estrategia militar iniciada en 2006, enfrentó al crimen sin lograr construir instituciones civiles fuertes, provocando además la fragmentación de grupos criminales y una escalada histórica de violencia. Morena, por su parte, recibió un país profundamente lastimado, pero tampoco ha logrado revertir la expansión territorial y económica del crimen organizado en muchas regiones del país.
Ningún partido puede declararse inocente. Porque el problema no depende únicamente de operativos o discursos. Tiene raíces mucho más profundas: pobreza, desigualdad, abandono social, impunidad, debilidad institucional, falta de oportunidades para millones de jóvenes, consumo de drogas en Estados Unidos, tráfico ilegal de armas hacia México y sistemas completos de corrupción que durante años permitieron que el crimen creciera.
Por eso el caso Rocha Moya no debería analizarse solamente como un episodio. Debe entenderse como parte de un proceso mucho más grande: el avance progresivo del crimen organizado sobre regiones completas del país.
Hoy el narcotráfico ya no sólo trafica drogas. También controla economías locales, cobra piso, infiltra corporaciones, financia campañas políticas y disputa territorios al propio Estado.
Y quizá la reflexión más incómoda de todas sea esta: el crimen organizado no creció únicamente por la fuerza de los criminales, sino también por la incapacidad de los gobiernos para construir instituciones sólidas y oportunidades reales para millones de mexicanos.
Mientras los partidos siguen intentando convertir la tragedia nacional en propaganda política, el monstruo continúa creciendo. Y ese monstruo no nació ayer. Lleva más de cuarenta años alimentándose de las fracturas de México.
@AntonioBrachoM