México no carece de diagnósticos. Conocemos nuestros problemas de inseguridad, desigualdad, corrupción y debilidad institucional. Los estudiamos, discutimos y convertimos en programas gubernamentales. Sin embargo, persiste una pregunta incómoda: ¿estamos desarrollando las capacidades necesarias para resolverlos? "Porque conocer un problema no significa estar preparado para enfrentarlo".
Cotidianamente recibimos informes, estadísticas, presupuestos y resultados de gestión. Algunos muestran avances; otros confirman rezagos. Pero pocas veces preguntamos qué revelan sobre la capacidad de nuestras instituciones. Un indicador puede mostrar cuánto se hizo, sin demostrar qué se consiguió. "Una mejora en los servicios públicos debería reflejarse en cobertura, calidad y respuesta, no solo en acciones reportadas".
Podemos aumentar presupuestos sin mejorar servicios, crear instituciones sin garantizar su funcionamiento y aprobar leyes sin asegurar su cumplimiento. Incluso podemos multiplicar las acciones gubernamentales sin modificar las causas de los problemas. "La actividad no equivale a efectividad; asignar recursos tampoco significa fortalecer capacidades".
Pensemos en la seguridad. Contar delitos, detenciones y operativos es necesario, pero insuficiente. La pregunta decisiva es si las instituciones están recuperando su capacidad para proteger a la población, garantizar el orden constitucional y ejercer legítimamente la autoridad. "La seguridad no se mide solamente por lo que hace el gobierno, sino por lo que deja de padecer la sociedad".
El crimen organizado exige una evaluación más profunda. Su poder no se limita a los delitos que comete. También se manifiesta en su capacidad económica, influencia social, control territorial y penetración institucional. Cuando logra condicionar decisiones públicas o sustituir funciones de autoridad, el problema deja de ser exclusivamente delictivo: "porque compromete capacidades esenciales del Estado".
En el desarrollo nacional ocurre algo semejante. Los indicadores de pobreza, empleo, educación y productividad son indispensables, pero no explican por sí solos si estamos construyendo condiciones duraderas de bienestar. Una mejora estadística merece reconocerse; otra cosa es demostrar que puede sostenerse. "El verdadero avance no consiste únicamente en mejorar una cifra, sino en transformar la realidad que representa".
Aquí encontramos una responsabilidad que trasciende a cualquier gobierno: convertir el conocimiento nacional en decisiones coherentes, capacidades institucionales y resultados verificables y duraderos. Para conseguirlo, debemos distinguir entre lo que necesitamos hacer, los recursos disponibles y lo que efectivamente podemos realizar. "Entre el deber ser y el poder hacer se encuentra uno de nuestros mayores desafíos estratégicos".
Un Estado puede contar con instituciones, personal, presupuesto y atribuciones legales sin disponer de la preparación, coordinación y continuidad necesarias para actuar eficazmente. Tener recursos no garantiza saber utilizarlos. La capacidad se comprueba cuando las instituciones pueden actuar oportunamente, repetir sus resultados, sostenerlos ante condiciones adversas y corregir deficiencias. Una capacidad que desaparece con el relevo de una autoridad difícilmente constituye una fortaleza permanente. Si las instituciones solo responden mientras reciben apoyos extraordinarios, conviene preguntarse qué ocurrirá cuando esos apoyos terminen. "La verdadera prueba no está en el esfuerzo excepcional, sino en la capacidad institucional para responder de manera permanente".
Por eso, fortalecer al Estado no significa simplemente hacerlo más grande ni concentrar más atribuciones. Significa mejorar su capacidad para cumplir los fines constitucionales, preservar sus funciones esenciales y responder a circunstancias cambiantes. "La fortaleza del Estado debe medirse por su capacidad de servir a la Nación, no por el tamaño de su estructura".
Esta reflexión explica el valor de fomentar una Cultura de Seguridad Nacional. La Academia contribuye formando profesionales con pensamiento crítico; la educación cívica, ciudadanos informados; y el servicio público, funcionarios preparados para decidir, coordinar y evaluar. "Son responsabilidades distintas que ayudan a comprender mejor la realidad, pero ninguna sustituye la obligación de convertir el conocimiento en acciones y resultados".
Llegamos así a una pregunta que pocas veces ocupa el centro del debate nacional: ¿estamos construyendo capacidades que permanezcan cuando cambien los gobiernos, o seguimos dependiendo de esfuerzos que comienzan y terminan con cada administración? La continuidad institucional no significa inmovilidad. Exige evaluar qué decisiones funcionaron, reconocer cuáles fallaron, corregir errores y conservar lo que demuestra utilidad. Sin aprendizaje, los avances pueden perderse. La evaluación también debe distinguir entre fallas de diseño, problemas de ejecución y cambios del entorno. "Sin esa distinción, corremos el riesgo de modificar lo que funciona y mantener las causas de nuestros errores".
México necesita instituciones capaces de trascender a los gobiernos, enfrentar sus vulnerabilidades y responder ante la sociedad. No basta acumular diagnósticos ni celebrar actividades. "Debemos preguntarnos qué capacidades estamos construyendo, qué problemas estamos resolviendo y qué resultados comprobables podrán sostenerse mañana".
«Porque el futuro de México no dependerá de cuánto hayamos conocido sus problemas, sino de las capacidades que hayamos construido para superarlos».
* El autor de esta colaboración es General de División Estado Mayor y Maestro en Seguridad y Defensa Nacionales.