El caso de las 29 personas detenidas por los hechos de Dinamita, en el municipio de Gómez Palacio, exige claridad. La Fiscalía debe precisar qué se imputa, con qué pruebas y en qué etapa está el proceso. Durante su comparecencia ante el Congreso del Estado de Durango, la fiscal Sonia Yadira de la Garza mencionó presuntos delitos como extorsión, robo y amenazas.
Por su parte, el Frente Unido sostiene que en las carpetas aparecen los delitos de asociación delictuosa, robo equiparado y ataque a las vías de comunicación. Sin embargo, la discrepancia quedó expuesta en los reportes sobre la comparecencia de la Fiscal. Esto no prueba que la Fiscalía haya inventado cargos ni confirma las acusaciones de los detenidos, pero sí obliga a aclarar si las declaraciones se referían a denuncias iniciales, líneas de investigación o delitos formalmente imputados.
Una acusación penal no admite imprecisiones. La Fiscalía no tiene que revelar datos reservados, pero sí transparentar el fundamento de las detenciones, la situación procesal de cada persona y los avances que pueda comunicar. La transparencia, en teoría, debe impedir que el vacío informativo sea ocupado por versiones enfrentadas.
Las detenciones ocurrieron en marzo y, según el Frente, 29 personas siguen sujetas a proceso: 14 permanecen en el Cereso número 1 y 15 cumplen arraigo domiciliario. La organización denuncia falta de avances y cuestiona las medidas cautelares. Sus afirmaciones deben contrastarse con el expediente, pero la duración del proceso y las restricciones impuestas requieren una explicación puntual, al igual que el estado del desahogo probatorio y las diligencias pendientes.
La diputada Georgina Solorio planteó esas dudas durante la glosa del Cuarto Informe de Gobierno. Pidió precisar las imputaciones y acelerar el desahogo de pruebas. La Fiscal, por su parte, rechazó que la actuación ministerial tuviera un propósito represivo. Sin embargo, una comparecencia debe servir para explicar decisiones y rendir cuentas, no solo para intercambiar versiones.
En ese contexto, el Frente afirma que las detenciones son una represalia por sus movilizaciones en defensa de derechos laborales y de tierras; la Fiscalía niega que se trate de represión. Ninguna versión puede darse por probada solo porque alguien la sostenga públicamente. Distinguir una investigación legítima de una posible criminalización de la protesta requiere pruebas, actuaciones verificables y revisión judicial.
Hay un principio que no debe perderse: estar sujeto a proceso no equivale a ser culpable. Las medidas cautelares no pueden convertirse en una condena anticipada. Cada acusación debe sostenerse con evidencia individual y cada situación debe revisarse conforme a la ley. Protestar no concede inmunidad ante un delito; participar en una movilización tampoco demuestra, por sí solo, responsabilidad penal.
La Fiscalía debe sostener sus acusaciones ante los tribunales si tiene pruebas, explicar la diferencia entre sus declaraciones y los cargos reportados por el Frente e informar los avances posibles sin vulnerar la investigación. El caso amerita claridad, diligencia y debido proceso. La justicia no se demuestra con el número de detenciones, sino con investigaciones sólidas y decisiones capaces de resistir el escrutinio judicial.
EN LA BALANZA.- El llamado de Coparmex Durango contra nuevas cargas fiscales pone sobre la mesa una exigencia legítima: que el Ayuntamiento no pretenda resolver sus necesidades presupuestales a costa del bolsillo de las familias, los empresarios y los emprendedores. Pero el debate no debe limitarse a frenar aumentos; también exige transparencia para conocer en qué se gasta, qué tan eficiente es la administración municipal y por qué necesitaría recaudar más. Si el gobierno municipal pretende justificar nuevos cobros, debe demostrar primero que aprovecha adecuadamente los recursos disponibles. La austeridad no puede quedarse en discurso y la responsabilidad fiscal tampoco debe convertirse en una excusa para castigar a quienes sostienen la economía local.
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