Ejercer el periodismo en Durango parece cada vez más una actividad de riesgo que a una garantía protegida por la Constitución. Lo más alarmante ya no es solo la violencia física o las amenazas, sino la normalización de un ambiente hostil donde la intimidación, el abuso de poder y el silencio institucional avanzan peligrosamente frente a una sociedad que pareciera acostumbrarse a ello.
Las declaraciones de Pedro Cárdenas Casillas, de Artículo 19, manifestadas durante su reciente visita a la capital del estado, no solo pusieron el dedo en la llaga, sino que reventaron el ámpula al señalar que aquí prevalece un entorno de hostilidad contra el periodismo y un uso preocupante del poder público contra comunicadores.
Los señalamientos del oficial del programa de Protección y Espacio Cívico de esta organización internacional no son cosa menor, pues terminaron por evidenciar una problemática que desde hace tiempo se percibe y se comenta entre periodistas locales, pero que las autoridades insisten en minimizar o ignorar.
No es casual que esta organización, al igual que otras como Reporteros Sin Fronteras, Amnistía Internacional y organismos vinculados a la ONU, estén poniendo la mirada sobre Durango, una entidad que aparece reiteradamente en sus diagnósticos relacionados con estigmatización contra periodistas, utilización de procesos judiciales, amenazas y asesinatos sin resolver.
La realidad es que el problema ha dejado de ser una percepción para convertirse en evidencia. El trato desfavorable desde el poder contra la prensa suele ser la antesala de agresiones más graves. Cuando se desacredita, se margina o se presiona sistemáticamente a periodistas incómodos, el mensaje que se envía es profundamente peligroso.
El caso del informador Miguel Ángel Beltrán, asesinado brutalmente en octubre de 2025, sigue sin ser esclarecido y, desde entonces, el silencio del gobierno ha sido tan escabroso como el propio crimen. No hay claridad sobre avances en la investigación, no existe justicia para su familia y, peor aún, desde el poder apuestan a que el tema simplemente se diluya.
Otro caso es el del periodista lagunero Isaías Solís Maldonado, quien denunció al director de Comunicación Social del Gobierno del Estado por presuntas amenazas de muerte. Indistintamente de que los hechos deban investigarse, el solo nivel de gravedad de una acusación de tal magnitud debería encender todas las alarmas políticas e institucionales. Sin embargo, hasta ahora, el silencio oficial vuelve a imponerse.
El mismo funcionario acumula varias querellas y estaría por enfrentar más. Por lo pronto, y dado el espacio limitado de esta columna, basta recordar la denuncia por agresiones y obstrucción de labor presentada por la periodista Susana Blanco, del periódico Contacto Hoy. A ello se suma otra ante la Fiscalía Anticorrupción por presuntos delitos de fraude, conflicto de interés, enriquecimiento ilícito y ejercicio indebido del servicio público.
El problema para el gobierno de Durango es que estos antecedentes ya están bajo observación de organismos nacionales e internacionales, mientras quienes encabezan la administración siguen entendiendo al verdadero periodismo como un acto de confrontación política, no como parte esencial de la vida democrática. Les incomoda más la publicación de un señalamiento sobre abuso de poder que los propios atentados contra la libertad de prensa.
EN LA BALANZA.- El traslado del monumento de Francisco Villa a San Juan del Río no era chisme, sino un capricho político del gobernador Esteban Villegas, quien ya dejó clara su intención. El mandatario sigue sin comprender -o simplemente ignora- el valor artístico, histórico y emocional que la obra del escultor duranguense Francisco Montoya de la Cruz representa para los habitantes de Durango capital. No se trata únicamente de mover una estatua de un punto a otro, sino de alterar un símbolo urbano profundamente arraigado en la identidad quienes vivimos en esta ciudad y de quienes la visitan. Entre ocurrencias monumentales de 25 metros y proyectos de relumbrón, el gobernador reduce el patrimonio cultural a una pieza intercambiable sujeta a su humor político.
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