M éxico conoce buena parte de sus problemas de seguridad. Sabe dónde se concentran las organizaciones criminales, cuáles son sus principales fuentes de financiamiento, qué territorios disputan, qué instituciones presentan mayores vulnerabilidades y cómo la violencia afecta la actividad económica y la vida cotidiana. El problema ya no consiste únicamente en saber qué ocurre. Consiste en transformar ese conocimiento en decisiones oportunas.
Durante años, la respuesta pública ha privilegiado con frecuencia la administración de las consecuencias: despliegues después de una crisis, refuerzos cuando aumenta la violencia, operativos frente a acontecimientos de alto impacto y ajustes institucionales cuando el problema ya resulta evidente. Estas acciones pueden ser necesarias, pero pertenecen principalmente al terreno de la reacción. Una política estratégica exige algo más: recuperar la iniciativa.
Recuperar la iniciativa significa pasar de responder a la incidencia delictiva a modificar las condiciones que permiten operar a las organizaciones criminales. No basta detener integrantes si permanecen intactas sus finanzas, redes logísticas, capacidades de reclutamiento, protección institucional, control territorial y mecanismos de intimidación. La neutralización integral exige actuar simultáneamente sobre esas capacidades.
Aquí aparece una diferencia fundamental entre reaccionar y conducir. Quien reacciona responde al acontecimiento que otro provocó. Quien conduce procura modificar anticipadamente las condiciones para impedir que el adversario determine permanentemente el ritmo, el lugar y la naturaleza de la confrontación.
El Estado pierde iniciativa cuando el crimen decide dónde ocurre la crisis y la autoridad solamente decide cómo responder.
La recuperación del control territorial adquiere entonces una dimensión mayor. No significa únicamente presencia de fuerzas de seguridad. El territorio está efectivamente bajo control del Estado cuando funcionan sus autoridades, se cumple la ley, las actividades económicas pueden desarrollarse sin coerción criminal, la población puede ejercer sus derechos y ninguna organización ilícita posee capacidad suficiente para imponer reglas, cobrar, castigar o condicionar sistemáticamente la actuación institucional.
Existe además una dimensión internacional que México no debería ignorar. Cuando desde el exterior se percibe incapacidad para contener fenómenos criminales cuyos efectos atraviesan fronteras, aumenta la presión para que otros actores impulsen sus propias soluciones. Narcotráfico, fentanilo, tráfico de armas, migración irregular, lavado de dinero y organizaciones criminales transnacionales dejaron hace tiempo de ser asuntos exclusivamente internos.
Por ello, fortalecer la capacidad interna del Estado constituye también una forma de defensa de la soberanía. La mejor respuesta frente a presiones externas no descansa solamente en rechazarlas mediante declaraciones políticas. Consiste en reducir las condiciones que permiten presentar al Estado mexicano como incapaz de controlar amenazas originadas o desarrolladas dentro de su territorio.
Una política de seguridad proactiva tendría, en consecuencia, un doble efecto. Internamente permitiría recuperar iniciativa frente a las organizaciones criminales. Externamente fortalecería la posición mexicana al disminuir la percepción de debilidad que puede ser utilizada para justificar presiones, condicionamientos o propuestas de actuación unilateral.
Pero una política proactiva tampoco significa actuar sin límites. Recuperar iniciativa no equivale a militarizar indiscriminadamente, abandonar la prevención o sustituir inteligencia por fuerza. Significa exactamente lo contrario: utilizar inteligencia estratégica para identificar capacidades criminales, anticipar movimientos, seleccionar prioridades y emplear coordinadamente instrumentos de seguridad, justicia, hacienda, desarrollo, diplomacia y cooperación internacional.
La cuestión central tampoco consiste en alcanzar una imposible condición de riesgo cero. Gobernar estratégicamente significa decidir bajo la presión de la incertidumbre. Algunas medidas producirán costos; otras requerirán continuidad durante varios gobiernos; determinadas decisiones no mostrarán resultados inmediatos.
Lo importante es valorar qué riesgos puede asumir responsablemente el gobierno y cuáles se volverán mayores si continúa posponiendo decisiones.
México enfrenta así una disyuntiva que trasciende la política de seguridad. Puede continuar perfeccionando su capacidad para responder a las crisis o fortalecer su capacidad para impedir que otros actores -criminales internos o político, sociales, económicos y militares externos- determinen permanentemente las condiciones bajo las cuales debe actuar.
El problema estratégico de México no radica solamente en soslayar lo que ocurre, sino en la distancia que todavía existe entre comprender, anticipar, decidir y actuar.
Cuando el Estado dispone de diagnósticos, inteligencia, capacidades y alternativas suficientes, pero posterga decisiones necesarias, el tiempo deja de ser neutral: fortalece a quienes aprovechan la inacción, reduce las opciones disponibles y eleva posteriormente el costo de recuperar la iniciativa. Decidir oportunamente no garantiza el éxito; decidir tarde puede hacer inevitable el fracaso.
La soberanía no se preserva únicamente proclamándola. Se fortalece mediante capacidades efectivas para ejercer autoridad, controlar el territorio y tomar decisiones propias. Porque cuando un Estado decide tarde, alguien más comienza a decidir las circunstancias por él.
Toda decisión debe sustentarse en elementos de juicio sólidos y estos basarse en el conocimiento preciso de la realidad
* El autor de esta colaboración es General de División Estado Mayor y Maestro en Seguridad y Defensa Nacionales.