De acuerdo con investigaciones de autoridades mexicanas y estadounidenses, los grupos criminales que operan en el país se han aprovechado de sus vínculos políticos, judiciales y sociales para infiltrarse y montar negocios legales, principalmente para lavar dinero.
Se tiene identificado que, en al menos nueve estados del país, diferentes organizaciones criminales han logrado montar negocios lícitos en 50 distintas ramas, actividades o giros que van desde pequeños comercios hasta grandes cadenas que les dejan ganancias millonarias.
Los negocios varían dependiendo de la vocación productora de cada entidad.
Especialistas alertan que muchos capos del crimen quieren migrar a negocios bien establecidos para dejar un patrimonio "lícito" a sus familiares y tratar de evadir las redes policiales.
Documentos federales estadounidenses describen al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como una organización criminal con una estructura económica diversificada.
El narcotráfico continúa como su principal fuente de poder, pero no la única: robo y contrabando de combustibles, fraude en tiempos compartidos, extorsión, secuestro, tráfico de migrantes, la corrupción y control de empresas legales son parte de sus otros "negocios".
Las ganancias circulan mediante efectivo, compañías, facturas, transferencias, operaciones comerciales, criptomonedas y redes profesionales de lavado.
EMPRESAS LEGALES Las autoridades estadounidenses han localizado compañías vinculadas con el CJNG en turismo, tiempos compartidos, centros comerciales, bienes raíces, restaurantes, agricultura, tequila, construcción, ropa, madera, suplementos, gasolinerías, petróleo y gas, transporte, logística y seguridad privada.
En Nuevo León, el Cártel del Noreste (CDN) ha utilizado decenas de empresas de transporte, logística y comercialización de hidrocarburos para mover mercancías y ocultar recursos, de acuerdo con reportes de autoridades mexicanas y de Estados Unidos.
En Chihuahua, reportes oficiales detallan que grupos del Cártel de Juárez y Cártel de Sinaloa operan negocios como restaurantes, sobre todo en Chihuahua capital; comercializadoras de madera en la sierra, ganado, producción de queso, lecherías, seguridad privada, hoteles e inmobiliarias que utilizan para lavado de dinero con prestanombres.
En Nayarit, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos tiene documentado que el CJNG opera tiempos compartidos en Rivera Nayarit y Puerto Vallarta para "lavado" de dinero, así como empresas agrícolas y agropecuarias.
En Colima, este grupo delictivo maneja gasolinerías y restaurantes que han sido sancionados por autoridades estadounidenses.
En Durango, donde opera el Cártel de Sinaloa, se les involucra en el sector inmobiliario y actividades agropecuarias.
En Chiapas se especula que peluquerías llamadas barbershops, que han florecido en Tuxtla Gutiérrez, y farmacias serían utilizadas para el "lavado" de dinero. Autoridades señalan que no hay denuncias oficiales.
En Puebla se sabe que, mediante extorsión, células de diversos grupos criminales obligan a gasolinerías a vender combustible robado. Bajo el mismo método obligan a autoridades municipales a contratar constructoras y empresas proveedoras cercanas a sus intereses.
En Sonora se tiene detectada la operación de células de diversos cárteles, como el Independiente de Sonora, el De Sinaloa, el CJNG, el Cártel de Caborca, La Línea y los remanentes de Los Beltrán Leyva.
En Sinaloa, el Departamento del Tesoro de EUA tenía documentado en 2007 bienes y activos del Cártel de Sinaloa en 13 empresas en las ramas agrícolas, educativas, de entretenimiento, construcción, prestación de servicios, ganadería y una industria lechera.
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