Cada semana se conocen nuevas revelaciones de la trama que inició el Departamento de Justicia de los Estados Unidos con la acusación en contra de diez funcionarios y exfuncionarios del Gobierno de Sinaloa, incluido el mandatario de ese estado, un Senador electo y el Presidente Municipal de la capital de ese estado.
Desde hace semanas, filtraciones por parte de funcionarios estadounidense a diversos periodistas y medios en los Estados Unidos aseguran que la imputación en contra de los funcionarios sinaloenses es sólo el principio de una serie de acusaciones en contra de funcionarios electos y designados en diversos estados.
Una nota publicada recientemente en The New York Times va en el mismo sentido de la información que han publicada previamente por otros medios norteamericanos como Los Ángeles Times, respecto de la investigación por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos a los gobernadores de Sonora y Tamaulipas, que fueron apoyados por el expresidente López Obrador y que, de acuerdo a la nota en cuestión, estarían siendo investigados.
Sin embargo, el punto más importante del artículo del TNYT es que revela el contacto privado que ha establecido agencias del gobierno estadounidense con al menos una decena de miembros de la élite política del país, desde gobernadores hasta funcionarios designados, la mayoría integrantes del régimen pero también de otros partidos políticos, los cuales están siendo contactados para proveer de información al gobierno estadounidense y que estos puedan entender de mejor manera la forma en que funcionan las redes de corrupción entre funcionarios, ya sea electos y designados, y las organizaciones criminales.
Quienes acepten colaborar con la justicia norteamericana será a cambio de beneficios en caso de investigaciones en su contra. Las colaboraciones y denuncias de miembros de alto nivel del régimen servirán para que en Estados Unidos se inicien carpetas de investigación en contra de objetivos cada vez de mayor jerarquía que sean sospechosos de colaborar con los cárteles de la droga, que ya fueron clasificados en los Estados Unidos como organizaciones terroristas.
Las acusaciones en contra de miembros del régimen mexicano son graves. Recordemos que para los Estados Unidos estos funcionarios y exfuncionarios son presuntos colaboradores de organizaciones terroristas (cárteles de las drogas) que introducen armas de destrucción masiva (fentanilo) a su país, lo que ha provocado en los últimos años la muerte de más de medio millón de sus ciudadanos.
Aun reconociendo la gravedad de estas acusaciones, si dejamos por un momento la parte penal, es posible imaginar este ejercicio de incentivos selectivos a personajes del régimen mexicano como un gran experimento social en tiempo real.
Hace tiempo comenté, al igual que otros analistas, que la entrega del exSecretario de Seguridad de Sinaloa a las autoridades norteamericanas tenía todas las condiciones de incentivos selectivos que han sido analizadas por décadas desde que nació el campo de teoría de juegos, que tuvo entre sus orígenes en un experimento social llamado por los investigadores sociales que lo inventaron como "el dilema del prisionero".
En su forma clásica, el dilema del prisionero coloca a dos personas en celdas separadas, sin comunicación entre sí, con la siguiente lógica: si ambos se abstienen de denunciar al otro, ambos tienen más posibilidades de salir del "juego" relativamente bien, lo que en este caso significa condenas menores, ya que las pruebas serían más difíciles de conseguir, o incluso seguir en libertad en México.
Si uno denuncia y el otro no, quién denuncia obtiene el mejor resultado posible, que en este caso representan concesiones importantes si fuera acusado por el gobierno de los Estados Unidos y quién guardó silencio recibe el peor castigo, que en este caso significaría, si fuera extraditado, cumplir condenas de por vida en cárceles de los Estados Unidos. Si ambos se denuncian entre sí ambos pierden, pero la pérdida individual es relativamente menor que la de alguien que guarde silencio.
La conclusión de la versión clásica del dilema del prisionero es que la estrategia dominante -la más racional para cada individuo independientemente de lo que haga el otro- es siempre denunciar o delatar a su compañero, ya no que no sabe si éste lo puede denunciar a él para obtener mayores beneficios. Otro incentivo adicional para denunciar es que quién denuncie primero tiene más posibilidades de obtener los mayores beneficios.
La nota de The New York Times pone en evidencia que, a partir de las acusaciones del gobierno norteamericano, el régimen político en México puede sufrir fracturas importantes, ya que aquellos acusados que pertenecen al régimen tienen todos los incentivos para denunciar a otros miembros con igual o mayor jerarquía para intentar obtener el mejor trato con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
Todo esto a cuatro meses de las elecciones intermedias de los Estados Unidos y a menos de un año de renovar la Cámara de Diputados y 17 gobernaturas en México; con un régimen que desde hace años comenzó a mover sus fichas para cooptar organismos electorales y, más recientemente, a incluir la "injerencia extranjera" como una causal más para anular elecciones, un concepto del que de manera intencional no se definieron sus alcances, lo que servirá para que las instituciones al servicio del régimen lo definan tan ampliamente como sea requerido.
X: @jesusmenav