La vinculación a proceso y prisión preventiva de Ernesto 'N', alias 'El Güino', cierra una primera etapa judicial, pero abre otra de carácter político para Durango. Más allá de lo que determine la justicia en Coahuila sobre las acusaciones, sigue permeando el cuestionamiento sobre por qué Esteban Villegas fue tan contundente para defenderlo antes y ahora prefiere mirar hacia otro lado.
No es que el Gobernador de Durango tenga que emitir forzosamente un posicionamiento, porque podría caer en veredictos anticipados e interferir en el debido proceso. El problema está en su incongruencia, porque cuando 'El Güino' fue buscado por el Gobierno Federal en el contexto del caso Segalmex, el mandatario salió públicamente en defensa del implicado.
Hoy, el gigante se refugia en una respuesta insulsa y se desmarca asegurando no tener información. ¿Un gobernador desinformado? Para él, en términos políticos, eso le resulta cómodo, pero muy difícil de creer para los gobernados. Y es que 'El Güino' no es ajeno a la vida pública de Durango, pues es el último heredero del legado político de la familia Herrera, lo que hace difícil tratar el caso como un asunto distante o desconocido.
Conforme pasan los días, la investigación se robustece y la libertad de Ernesto "N" se ve cada vez más lejana. El alcalde de Torreón, Miguel Riquelme, informó ayer que en su municipio se intensificaron los operativos para la revisión de guaruras, confirmando de manera implícita que ni 'El Güino' ni sus 17 acompañantes han podido demostrar la portación legal del armamento.
El contraste sigue siendo incómodo para el mandatario duranguense, porque el operativo ocurrió en Coahuila, bajo el gobierno de Manolo Jiménez, también priista. Son gobiernos del mismo partido en una región donde la coordinación resulta indispensable. Empero, hay una marcada diferencia entre ambos gobernadores sobre cómo percibe cada uno la seguridad.
Mientras tanto, en Torreón, en una reacción que evidencia que el problema no era imaginario, las autoridades locales permanecen en operativos, verificando permisos, procedencia de armas y comportamiento de estos grupos. En Durango, incontables personajes con escoltas armados operan cotidianamente sin una revisión rigurosa.
La justicia hará su trabajo y deberá determinar qué responsabilidad corresponde a Ernesto 'N' y a los otros 17 imputados. Sin embargo, quienes viven de la política tienen la obligación de explicar sus acciones. Esteban Villegas no puede reclamar protagonismo cuando conviene a su discurso y desaparecer cuando un viejo defendido vuelve a estar bajo los reflectores.
Finalmente, el caso no demuestra por sí mismo complicidad alguna, pero sí que existen vínculos políticos y antecedentes públicos que hacen inevitable el escrutinio. Si Esteban Villegas cambia de postura frente al mismo personaje según el momento, la pregunta deja de ser qué piensa del detenido y pasa a ser qué tan selectiva es su memoria política.
EN LA BALANZA.- La Fiscalía Anticorrupción de Durango aseguraba haber conseguido una condena de casi cinco años de prisión para el exsecretario Técnico de Tlahualilo, mientras el susodicho, bien campante y quitado de la pena -literalmente-, en redes sociales presumía estar en plena libertad. El mentís resulta preocupante porque mina la credibilidad de la institución. Si existe una sentencia condenatoria, corresponde explicar con claridad sus alcances, beneficios y condiciones; y si la realidad jurídica es distinta de la comunicada públicamente, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción debe aclararlo. El combate a la corrupción no puede convertirse también en un problema de comunicación y transparencia.
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