En la gestión pública, los detalles importan, porque en ellos se esconden las prácticas que terminan por definir la credibilidad de los gobernantes. En el Gobierno del Estado de Durango, los contratos vinculados a Dominus Messico siguen ventilándose bajo sospecha y por la nula transparencia de los procesos en la administración estatal.
A inicios de semana, El Siglo de Durango dio a conocer, mediante una nota periodística, un nuevo episodio que vuelve a colocar bajo escrutinio la asignación de contratos públicos en el estado y que, de nueva cuenta, implica a esta empresa foránea dedicada a la elaboración de despensas, sin relación alguna con el giro textil.
Hablamos de una adjudicación disfrazada de licitación para la adquisición de kits deportivos de una carrera infantil organizada por el DIF Estatal, en un proceso que avanzó con una sospechosa celeridad de apenas unos días, dejando en evidencia tiempos sumamente ajustados que abren cuestionamientos sobre la transparencia y planeación del procedimiento.
La incongruencia en el discurso de Esteban Villegas ya no es un hecho aislado, sino parte de un patrón que se repite como sello de su gestión como gobernador. La reciente adjudicación para la elaboración de estos kits deportivos no puede analizarse sin el antecedente inmediato del contrato millonario para el programa social de los uniformes escolares gratuitos.
En ambos casos, la coincidencia es la misma: una empresa foránea que resulta beneficiada, mientras los proveedores locales quedan al margen de procesos que, en teoría, deberían promover la competencia y el desarrollo económico interno, tal y como lo prometió el Ejecutivo durante su campaña a la gubernatura. Los testimonios de los empresarios textiles de Durango refuerzan esta percepción.
Y es que la discusión trasciende lo técnico para convertirse en un asunto de políticas enrarecidas, pues se trata de un proceso de licitación que, de manera premeditada y amañada, desde su origen fue lanzado como inaccesible para la mayoría y terminó con un solo participante. La legalidad podría sostenerse en lo formal, sí, pero la legitimidad queda severamente comprometida.
El caso de Dominus Messico en Durango adquiere mayor relevancia precisamente por su recurrencia. No es la primera vez que aparece como beneficiaria de contratos públicos en el estado, y difícilmente será la última, pese a que en su historial existan señalamientos en otras entidades por irregularidades que obligarían a un escrutinio mucho más riguroso.
En cualquier administración pública, beneficiar a una empresa -foránea o local- en condiciones cuestionables debería ser motivo de revisión, no de normalización. En el fondo, el problema en cuestión no es una compañía en particular, sino un modelo que, por donde se le pueda ver, está plagado de privilegios discrecionales, simulación y una corrupción que resulta cada vez más evidente.
EN LA BALANZA.- Si bien las policías cibernéticas en México han funcionado en labores de prevención, monitoreo y orientación ciudadana, enfrentan retos significativos en capacidad operativa y reacción ante delitos de alto impacto. En Durango, por ejemplo, los delitos digitales avanzan con mayor rapidez y consecuencias cada vez más graves. Las recientes solicitudes de escuelas ante amenazas en redes sociales reflejan una preocupación creciente, pero también la limitada capacidad de respuesta frente a un fenómeno que va más allá de bromas o retos virales. Casos como el homicidio ocurrido en La Laguna tras un contacto en línea dejan claro que la brecha entre monitoreo y reacción efectiva sigue siendo amplia. Mientras no se fortalezcan las herramientas operativas y de investigación, la seguridad en el entorno digital continuará siendo una promesa a medias.
X: @Vic_Montenegro