Este 17 de julio inicia la Feria Nacional Francisco Villa 2026, el evento fuerte del verano en la entidad y con el cual se apuesta a atraer visitantes, así como a generar una importante derrama económica.
La meta, según dijeron los organizadores, es superar el millón y medio de asistentes al recinto ferial, cantidad que impuso el récord del año pasado. En cuanto al dinero, no hay una meta de utilidades porque siempre se argumenta que la principal ganancia es la social.
Uno de los temas más importantes en este evento es la seguridad. Ya se dijo que el Ejército tendrá cierta participación mediante recorridos de vigilancia al exterior de la zona de la feria y, de antemano, se sabe que buena parte de los policías estatales, además de los elementos de vialidad, también estarán presentes.
Asimismo debe ser prioritaria la protección civil, de manera que tanto los juegos mecánicos como las instalaciones eléctricas, de gas y en general, cumplan con la norma y no se permitan malas prácticas que pudieran implicar un riesgo para la vida de las personas.
Como se recordará, en ediciones pasadas, la Feria ha sido el escenario de algunas tragedias y situaciones bochornosas e irregulares. Cómo olvidar el sonado caso de 2023, cuando un puesto de brochetas fue sorprendido mientras recolectaba sus palitos del bote de basura para reutilizarlos.
Hace dos años, la Feria de Durango fue el marco de un lamentable suceso en el estacionamiento: un abogado oriundo de la ciudad capital, pero residente de Estados Unidos, murió tras ser atropellado en medio de un pleito.
Mientras tanto, el año pasado se hizo viral el video de una pelea en plena área de juegos mecánicos, frente a familias que solo buscaban un rato de esparcimiento.
Aunque no fue propiamente en los festejos de la ciudad, pero sí en las instalaciones, en la Feria Navideña 2025 una niña sufrió un terrible accidente en un juego mecánico; esto, debido a la propia imprudencia de los padres y de los responsables de la atracción.
Por supuesto que, en un evento masivo, mantener el orden y vigilar estrechamente a todos y cada uno de los locatarios para que cumplan con el reglamento representa un reto para los organizadores y las autoridades; sin embargo, en estos casos no se deben escatimar esfuerzos, pues cualquier descuido o negligencia puede terminar en un infortunio.
Esperemos que en esta edición todo transcurra conforme a lo planeado, que la Velaria del teatro del pueblo no se desgarre y que haya buenos resultados en lo financiero.
Punto y aparte.- Dos choferes del transporte público del sindicato de la CTM fueron grabados mientras se peleaban a golpes en una céntrica calle de la ciudad, obstaculizando el paso a otros vehículos con sus unidades mientras ellos "arreglaban" sus diferencias.
Tras la viralización de las imágenes, la Subsecretaría de Transportes emitió un comunicado para informar que se inició el procedimiento administrativo para la suspensión de sus licencias de conducir.
Ambos conductores fueron canalizados a atención psicológica y permanecerán suspendidos temporalmente de sus labores, aseguró la dependencia estatal.
La salud mental de los conductores del transporte público es un tema cíclico, pero todo indica que no se han tomado las medidas para que sea un asunto prioritario y permanente.
Se ha dicho en más de una ocasión que los choferes suelen estar sometidos a un estrés constante en medio del tráfico y las inclemencias del tiempo, además de sus propios conflictos personales.
Por fortuna, en esta ocasión ninguna persona inocente resultó afectada, sin embargo, es urgente que tanto los sindicatos como las autoridades en la materia tomen las medidas necesarias para evitar que se repita.
Nos leemos en X: @citlazoe
Las grandes inversiones suelen presumirse políticamente como sinónimo de progreso. Sin embargo, cuando un proyecto comienza a generar desconcierto, el desarrollo deja de medirse únicamente en millones de pesos o empleos prometidos. También empieza a evaluarse por la capacidad de las autoridades para demostrar que el beneficio económico no tendrá un costo ambiental o social.
Eso es precisamente lo que está ocurriendo con Fermachem en Lerdo. Lo que hace apenas unas semanas parecía una inconformidad impulsada por ambientalistas y algunos sectores de la sociedad civil hoy evoluciona hacia un movimiento mucho más amplio, respaldado por acciones legales, presión política y una creciente organización ciudadana.
Más de mil ciudadanos de la Comarca Lagunera presentaron un juicio de amparo para exigir que la autorización ambiental sea revisada bajo criterios estrictamente técnicos y científicos, a fin de que, antes de continuar con las obras, se demuestre que no habrá afectaciones a los acuíferos, al Cañón de Fernández ni a la salud de quienes habitan la región.
Ese detalle resulta fundamental porque el conflicto adquiere otra dimensión. La discusión dejó de ser ideológica para convertirse en un debate jurídico y ambiental. El propio amparo sostiene que existen inconsistencias en la autorización emitida por la autoridad federal y solicita suspender temporalmente las obras mientras un juez analiza el fondo de la controversia.
La reciente visita de Claudia Sheinbaum a la región terminó aportando un ingrediente adicional. Un grupo de inconformes le entregó documentos en los que expone sus argumentos sobre el posible impacto ambiental del proyecto. Más allá de que exista o no una respuesta inmediata desde Palacio Nacional, el tema ya trascendió los límites de Durango y comenzó a formar parte de la agenda del Gobierno de México.
Conforme transcurre el tiempo, el caso ha ido adquiriendo mayor relevancia política tras sumarse a la causa Movimiento Ciudadano. El coordinador nacional de ese partido, Jorge Álvarez Máynez, presentó esta semana una denuncia ante la Profepa en contra de la instalación de la planta Fermachem en Lerdo.
Aun cuando Máynez aclara que actúa como ciudadano, resulta imposible ignorar el peso político que adquiere una denuncia impulsada por el dirigente nacional de un partido. La discusión deja de concentrarse exclusivamente en el impacto ecológico para instalarse también en el terreno de las responsabilidades institucionales de quienes autorizaron este proyecto.
Paradójicamente, el mayor riesgo para las autoridades no parece ser el litigio ambiental, sino la percepción pública de opacidad. Mientras más se niegue información, más crecen las sospechas. Cuando las respuestas oficiales resultan insuficientes, la incertidumbre termina ocupando ese vacío.
Nadie discute que La Laguna necesita inversión, empleo e industria. La cuestión es demostrar que ese desarrollo puede convivir con la protección del agua, los ecosistemas y el Estado de Derecho. La verdadera prueba para las autoridades consiste en demostrar que el progreso económico no se está construyendo sobre la desconfianza ciudadana.
EN LA BALANZA.- Más allá del impacto que generó el video de unos adolescentes violentos en la colonia Juan Lira, lo verdaderamente preocupante es que la violencia comience a normalizarse entre jóvenes que deambulan armados con machetes, palos y piedras por las calles de Durango. No se trata únicamente de un problema del entorno familiar; también es una crisis de seguridad pública alimentada por un contexto en el que algunos adolescentes idealizan las conductas antisociales y delictivas, que se agrava por la indiferencia de autoridades que, en ocasiones, parecen preferir mirar hacia otro lado e ignorar el verdadero escenario.
X: @Vic_Montenegro