En México, la confusión entre Estado, Gobierno y Régimen distorsiona el poder. El gobierno se asume Estado y el régimen pretende permanencia, debilitando instituciones y anulando contrapesos. Esta mezcla vuelve la ley instrumento político, fragmenta la política pública y erosiona la seguridad nacional. Sin distinción funcional, el poder se concentra, se pierde control territorial y crecen actores no estatales. Restablecer la jerarquía es esencial: donde el Estado conduce, el gobierno ejecuta y el régimen se sujeta a claros límites constitucionales.
"Sin jerarquía institucional, el poder se concentra y el Estado se desdibuja".
Cuando el gobierno se asume como Estado, deja de ser administrador temporal sujeto a la norma Constitucional y se presenta como encarnación del interés nacional. Elimina contrapesos y concentra poder en el Ejecutivo que se autoproclama como el único y verdadero representante del pueblo. Subordinando las instituciones al gobierno en turno y erosionando la legalidad al sustituir normas por criterios políticos. El Estado es despojado de su función de limitar el poder y pasa a servirle.
"El poder sin límites convierte al Estado en su instrumento".
Cuando un régimen-distorsionador captura al gobierno-constitucional, su proyecto político, -ideología-narrativa y permanencia- se impone sobre su función administrativa temporal. El gobierno deja de servir a todos y opera para su base electoral. Se vuelve polarización, uso político de programas y narrativas que dividen entre "pueblo" y "adversarios". La legitimidad-electoral apresada se usa para controlar instituciones, redefinir reglas y desplazar a la oposición.
La amenaza a la Seguridad Nacional no es el régimen, sino su pretensión de sustituir al Estado, anulando pluralidad y concentrando poder. Convirtiendo la administración pública en instrumento de control político permanente.
"Régimen sin límites: gobierno capturado, Estado anulado".
El nivel de distorsión más crítico es la captura del Estado. Ocurre cuando la anarquía entre gobierno y régimen penetra estructuras permanentes, instituciones, leyes y órganos autónomos, subordinándolas a un proyecto político. Desaparecen límites y se rompe el equilibrio del poder. Internamente se debilita el Estado de derecho, cae la rendición de cuentas y se normaliza la impunidad; externamente se proyecta fragilidad que abre espacio a presiones. Sin neutralidad ni legitimidad, la autoridad se sostiene en imposición, no en consenso. Cuando el Estado es aprisionado, la soberanía se vuelve palabra vacía.
"Estado capturado: soberanía simulada y poder sin control".
Esta anarquía impacta directamente la seguridad nacional. Un Estado que no distingue sus niveles de poder pierde capacidad para articular estrategias ante amenazas complejas: la inteligencia se politiza, la seguridad se fragmenta y el control territorial se debilita. En ese vacío, actores criminales asumen funciones de autoridad. No es solo violencia, sino sustitución en el ejercicio del poder. Cuando las instituciones responden a intereses políticos, y no al interés nacional, su eficacia cae y su legitimidad se colapsa.
"Confusión arriba> pérdida de control interno> invitación a la intervención extranjera".
La distorsión de la política pública expone una falla mayor cuando las decisiones privilegian objetivos políticos de corto plazo sin responder a diagnósticos técnicos; sustituyen planeación por narrativa, popularidad por eficacia y suplen continuidad institucional por imposición sexenal, generando desarrollo errático.
"La política pública es sustituida por la administración de intereses".
El poder, en su enredo, ya expone su galimatías: la subordinación de órganos autónomos a mayorías políticas; el uso de programas sociales como mecanismo de control electoral; la ampliación del rol de las Fuerzas Armadas en funciones civiles sin rediseño institucional completo; y la descalificación sistemática de contrapesos mediante narrativa política.
Son ejemplos que evidencian cómo el gobierno se asume como Estado y el régimen-temporal orienta su operación, tensionando principios constitucionales como legalidad, división de poderes y planeación democrática.
"El poder se equilibra cuando: el Estado-Constitucional manda, el gobierno ejecuta y el régimen-temporal atiende límites constitucionales".
La distorsión no solo desordena la política interna; también expone al país en el ámbito internacional al proyectar fragilidad institucional. Delimitar el poder evita su concentración, porque la concentración sin control vacía el Estado.
"Transformar correctamente al Estado-Constitucional permitirá recuperar conducción, legitimidad y soberanía efectiva".
Corregirlo no es opción, es condición de fortaleza. Reordenar la jerarquía: Estado-Constitucional, por encima del Gobierno-tripartita; y éste, por encima del Régimen-distorsionador; como la única vía para recuperar cohesión, eficacia y soberanía.
De no hacerlo, el país profundizará su dispersión interna y su exposición externa. De lograrlo, el Estado consolidará su conducción y legitimidad, distinguiéndose por un ejercicio del poder respetuoso de la soberanía de su pueblo que une y evita fragmentación con contrapesos, garantizando la fortaleza del Estado.
"Sin jerarquía el poder se concentra; y sin control, el Estado desaparece".
* El autor de esta colaboración es General de División Estado Mayor y Maestro en Seguridad y Defensa Nacionales.