Extorsión institucionalizada en unidades deportivas de Durango
En el municipio de Durango, el deporte ha dejado de ser un espacio de formación y desarrollo para convertirse en rehén de conductas abusivas y autoritarias, al igual que de prácticas cada vez más normalizadas como la opacidad y las ambiciones políticas desmedidas. Los señalamientos son graves y no pueden minimizarse.
Bajo esta lógica, ya no se trata de fomentar el talento deportivo ni de fortalecer el tejido social, sino de succionar recursos a toda costa, utilizando la infraestructura pública como aparato de recaudación para alimentar aspiraciones de poder que poco tienen que ver con el bienestar ciudadano.
En las unidades deportivas municipales, administradas por el Ayuntamiento que encabeza Toño Ochoa y bajo la operación del Instituto Municipal para el Desarrollo Humano y Valores, dirigido por Giovanni Rosso, se ha instalado -según denuncias públicas- un esquema de cobros que no solo resulta excesivo, sino que además los afectados equiparan con la extorsión.
Y es que resulta que administradores de unidades deportivas trasladan cuotas obligatorias a ligas, entrenadores y responsables de escuelas, quienes a su vez terminan cargando ese costo a los padres de familia. Es decir, el último eslabón acaba financiando un sistema que, en teoría, debería apoyarlas.
De manera directa se me hizo llegar copia de una de estas circulares, mediante las que se fijan cuotas de hasta seis mil pesos mensuales por liga, independientemente de la actividad deportiva, dejando ver un método recaudatorio ajeno a cualquier política de fomento deportivo.
Lo más delicado del caso es que estos cobros no son opcionales, sino imposiciones bajo amenaza de perder espacios. Evidentemente que no se trata de una cooperación voluntaria ni de esquemas transparentes de mantenimiento, sino de obligaciones rígidas, sin claridad sobre el destino del dinero.
Los cobros -según testimonios- se realizan en efectivo, con recibos informales, sin elementos claros de fiscalización. En un contexto donde el propio gobierno habla de combatir la extorsión en otras regiones del estado, resulta contradictorio que en la capital se denuncien prácticas similares desde la propia estructura municipal.
El impacto no es menor, pues el encarecimiento del acceso al deporte excluye a quienes menos tienen, limita el desarrollo de talentos y desvirtúa la función social de las instalaciones públicas. Cobrar por entrar, por usar áreas básicas o incluso por servicios elementales -como sanitarios- dentro de las unidades deportivas no solo es regresivo: es profundamente injusto.
Hoy, el deporte en Durango lamentablemente parece haber dejado de ser una herramienta de desarrollo social, para convertirse en una caja chica con miras a proyectos políticos personales. Y en ese proceso, las autoridades no solo fallan en su responsabilidad, sino que traicionan el espíritu mismo de lo que deberían promover. Peor aún, recurriendo a prácticas propias de grupos delictivos.
EN LA BALANZA.- La extinción del Instituto Municipal de Cultura (IMAC) ha sido uno de los aberrantes y catastróficos errores del actual gobierno municipal. La postura del regidor Pancho Franco, sin recurrir a estridencias, señala bien el abandono de la agenda cultural y la falta de dirección en el área, al tiempo que reconoce la necesidad de construir y respaldar nuevas propuestas. Cuestiona decisiones que han impactado a la comunidad artística, pero también asume una responsabilidad como oposición al plantear que se atiendan las instancias ahora encargadas.
X: @Vic_Montenegro